The Washington Post destapó la olla al afirmar que Juan Guaidó se contactó con dos empresarios en Miami para conseguir efectivo rapiñando bienes de todos los venezolanos. En Venezuela, las denuncias respecto al tema han sido ampliamente difundidas por Jorge Rodríguez, quien fungió como ministro para la Comunicación y la Información en el país; la investigación del Post profundiza en los detalles.
Los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar, que identificaron hasta $ 40 mil millones en activos de PDVSA en todo el Caribe, fueron los elegidos para ejecutar un entramado para el cual Guaidó en persona, según declaró Reyes a The Washington Post, los llamó en abril de 2019. Se reunieron más de una docena de veces con altos miembros de la oposición respaldada por Estados Unidos y sus agentes.
Grande fue la sorpresa de Reyes y Antar cuando vieron que las demandas para hacer negocios con Guaidó habrían incluido un pago por adelantado de 750.000 dólares a una compañía de Florida que, según registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por el diputado en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 % que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.
A lo largo de esta trama veremos como los viejos nombres de la política opositora venezolana se repiten o aparecen como muertos vivos en tramas de corrupción. Javier Troconis, enviado de Guaidó, dijo que fue presentado a Reyes y Antar por el miembro de la Asamblea Nacional Carlos Prosperi, líder de uno de los cuatro principales partidos de oposición que respaldaron a Guaidó, en diciembre de 2019. El coequiper de Guaidó dijo también que Magin Blasi también estuvo presente en la reunión. Blasi es hermano de Fernando Blasi, el jefe de la sección comercial de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.
Hay para todos: lo que dice el Washington Post
Si ampliamos la investigación del Post veremos que se revelan además, múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis y que habrían requerido pagos grandes e inusuales. Incluyen un contrato prospectivo con el gobierno de Paraguay con una comisión de $ 26 millones a pagar a terceros.
Según consta en dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo habría condonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares).
En este caso, se habría pagado lo que José Ignacio Hernández, exfiscal general de Guaidó, llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, se indica que Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de 26 millones de dólares.
Los detalles de la trama son abundantes: Javier Troconis dijo que envió una carta al abogado Sebastián Vidal en enero de 2020 poniendo fin a las negociaciones porque había concluido que «no era un buen negocio». A lo que Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, sostuvo que Guaidó le pidió al gobierno paraguayo en marzo que enviara la propuesta a Hernández para su revisión.
Una vez recibido el contrato en marzo, José Ignacio Hernández respondió a a los paraguayos que no era legalmente válido y que no sería aceptado. Hernández renunció como fiscal general de Guaidó ese mes.
Otro acuerdo propuesto, para recuperar activos en un banco británico, arrojó la existencia de un contrato que Javier Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi $ 1.7 mil millones del Ministerio de Alimentación de Venezuela.
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La prensa mundial detona como «exclusiva» algo que es conocido y denunciado en reiteradas ocasiones por el gobierno venezolano: que Guaidó y sus secuaces se han robado miles y miles de millones de dólares del pueblo venezolano.
Según denunció el ahora diputado nacional, Jorge Rodríguez, Guaidó lidera una red de corrupción que controla 116 mil millones de dólares.
Corría Septiembre del 2020 cuando, el Fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la apertura de una investigación contra el Consorcio Caribbean Recovery Assets conformado por las empresas Lock In Capital y Global Risk Management.
Los directores de las compañías, Jorge Reyes y Pedro Antar, se habrían apoderado de los activos de Venezuela en el Caribe bajo un contrato por 750 mil dólares. Durante las investigaciones aparecieron evidencias de la distribución entre varios partidos políticos de un total de 8 millones 500 mil dólares entregados por la Fundación Simón Bolívar de la Filial CITGO. Fundación que, vale recordar, aportaba fondos de la estatal para la intervención quirúrgica de venezolanos, principalmente niños con afecciones graves de salud, cuyas vidas hoy están en riesgo.
Lo publicado en The Washington Post demuestra que la aplicación de sanciones estadounidenses contra el pueblo venezolano y la corrupción galopante entre sus ungidos, con Guaidó liderando el delictivo ranking, hacen chillar la economía y las vidas de cada connacional.
Vemos iniciando la semana productiva de este 2021, la huida y la «distancia social» que aplican al tema algunos periodistas, economistas, políticos de castas varias, etc. deslindándose de responsabilidades al ver que es un medio estadounidense el que muestra de lo que las autoridades venezolanas vienen denunciando al mundo e investigando judicialmente. A esos descreídos de las fuentes chavistas, hoy sí les pesa: » el que calla, otorga».
Este lunes 4 de enero, hasta el Financial Times habla de Guaidó quitándole su mote de presidente interino y hasta, lo lanza a las calles para que transforme su fracaso en resultados tangibles.
La asunción de una nueva Asamblea Nacional en Venezuela debe plantear una urgente discusión sobre el fin de la impunidad. ¿En manos de quién están los activos que políticos opositores vendieron al mundo que «recuperarían» para el pecunio de todos los venezolanos y que hoy engrosan bolsillos de Guaidó y sus colaboradores?
Este lunes 4 de enero, La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC) emitió una licencia que permite a la Asamblea Nacional de Guaidó mantener operaciones con Estados Unidos.
Esa Licencia General 31A reemplazó a la Licencia General 31, con fecha del 5 de agosto de 2019 y con ello, se lanza el pistoletazo de salida. El más veloz, que no siempre es el más efectivo, es el que gana.
El robo de los recursos de Venezuela por parte de políticos de la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro inició con la apropiación por parte de Estados Unidos de Citgo, filial de PDVSA y el mayor activo de Venezuela en el extranjero. El país perdió más de 5 mil 200 millones de dólares, en activos netos, así como el ingreso que percibía de las más de 6 mil gasolineras afiliadas a Citgo. Se suma a ello, el robo de la empresa Monómeros Colombo Venezolano S.A. ejecutado por el Gobierno de Iván Duque y que cedió el control de esta compañía, filial de Pequiven, a Juan Guaidó.
La empresa, cuyo verdadero jefe es ahora el opositor Leopoldo López, autor junto con Guaidó del fallido golpe de Estado de septiembre pasado, ha perdido 90 % de su participación en el mercado internacional y 15 % del mercado local colombiano.
De acuerdo con el portal web La Tabla, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. en diciembre 2020, apenas logró cumplir con poco más del 50 por ciento de sus metas presupuestarias y operativas y llevaba pérdidas acumuladas por más de 20 millones de dólares.
Una vez destapado el escándalo, se supo que directivos de la empresa se reunían con parlamentarios venezolanos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional en desacato. Allí participaron los diputados Jorge Millán y Tomás Guanipa, según un testimonio de Calderón Berti, que supo ser aliado de Guaidó hasta que encendió el ventilador de la cochambre.
También Calderón reveló la presencia del dirigente político y exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, del Partido Un Nuevo Tiempo, y de altos ejecutivos del Partido Acción Democrática, encabezados por Bernabé Gutiérrez, Alfredo Chirinos y el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática Carlos Prósperi, quienes dijeron actuar en nombre de Henry Ramos Allup.
Incluso, publicó La Tabla, entregaron altas sumas a los representantes de la organización política Acción Democrática, luego de ser amenazados, maltratados verbalmente y exigirles una cuantiosa “vacuna” en dólares de acuerdo a lo que devengaban por nómina o contratos.
El destino de dichos aportes sería la ciudad de Caracas, específicamente a las arcas personales del jefe político de dicho partido Henry Ramos Allup, y como último destino España para ser manejados por su testaferro.