La revitalización de legítimos organismos de integración regional, impulsada por varios gobiernos latinoamericanos y caribeños, agudiza hoy la crisis de una Organización de Estados Americanos (OEA) sin Donald Trump en el año que comienza.
Expertos creen que la nueva administración estadounidense de Joe Biden seguirá empleando esa agrupación para proteger sus intereses, pero que también se abre un periodo de incertidumbre, especialmente para el uruguayo Luis Almagro, el cuestionado secretario general de la OEA.
El año 2020, nefasto en términos sanitarios, sociales y económicos para todo el mundo, afectó con especial dureza a América Latina y el Caribe, aunque recientes elecciones y movilizaciones populares señalan posibles cambios dentro y fuera de ese organismo.
Líderes de varios países convocaron al finalizar el 2020 a movilizar otros mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el más representativo y que este año presidirá México, como espacio de intercambio y diálogo de las 33 naciones miembros.
La Celac, que no incluye a Estados Unidos ni Canadá, se propone, entre otros objetivos, convertir la región en una Zona de Paz para impulsar su desarrollo.
De manera similar, hubo pronunciamientos recientes por reactivar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otros, al margen de las decisiones de la OEA.
Bolivia será sede en marzo de una reunión de Unasur, donde también será presentada Runasur, dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos originarios de la región.
El papel de Almagro al frente a la OEA durante el golpe de estado contra el presidente Evo Morales a fines del 2019, fue criticado pese al respaldo de la administración Trump, como lo sigue siendo ahora.
El vocero Presidencial de Bolivia, Jorge Richter, reiteró la falsedad de las ‘conclusiones’ de la OEA sobre aquellos comicios: Más allá de lo que señala el inconsistente informe de la OEA, dijo, no se pudo evidenciar que exista un fraude.
El Parlamento de América del Sur (Parlasur) propuso abrir una investigación en enero sobre el papel de Almagro durante la crisis boliviana del 2019, exigiéndole explicar ‘el terrible error que cometió para someter a América Latina y al pueblo de Bolivia’, según anunció su presidente, el uruguayo Oscar Laborde.
Asimismo, el boliviano Adolfo Mendoza, presidente del Parlamento Andino (PA), solicitó una auditoría formal al informe de la OEA sobre Bolivia.
Hay necesidad de que este tipo de hechos nunca más queden en el limbo y que la investigación pueda contribuir al fortalecimiento de la democracia en América Latina, subrayó.
Por su parte, varias organizaciones humanitarias argentinas, donde debió asilarse Evo Morales, denunciaron a Almagro ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por su intervencionismo contra la soberanía de Bolivia.
Entre otras críticas, resaltó una de la congresista estadounidense Jan Schakowsky, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, quien llamó a investigar la manipulación de datos de la OEA en esas elecciones.
Al respecto, dijo a medios estadounidenses que Trump y la OEA tienen una alianza que ‘parece coincidir con algo siniestro’.
Dentro de la organización, con sede en Washington, también fue cuestionado su rol frente al gobierno venezolano.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien presidirá este año la Comunidad del Caribe (Caricom), anunció que su país no tomará parte en nuevas votaciones hasta que sea destituido el cuestionado delegado venezolano y reincorporado el representante legítimo del presidente Nicolás Maduro.
Tampoco apoyamos ninguna resolución hasta que las personas que están sentadas allí representando a los países sean las adecuadas, sostuvo.
A los posibles cambios de la OEA contribuirán también elecciones generales y parlamentarias previstas para este año en varios países, como Ecuador y Perú, y más adelante en Honduras, Nicaragua, Chile y Colombia, entre otros, aunque todos con pronóstico imprevisible.