Anteriormente, el líder estadounidense Donald Trump indultó a los contratistas de la empresa militar privada Blackwater.
. El indulto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de los contratistas militares privados de Blackwater por el asesinato de civiles en Irak en 2007 constituye un «insulto a la justicia». Esta opinión fue expresada el miércoles en Ginebra por expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios.
«Perdonar a los contratistas de Blackwater es un insulto a la justicia ya las víctimas de la masacre de la plaza Nisur [en Bagdad], así como a sus familias», dijo Elena Aparak, relatora del grupo de trabajo.
De acuerdo con los Convenios de Ginebra, recordó, los estados están obligados a responsabilizar a los criminales de guerra por sus acciones, incluso si estas personas actúan como contratistas de seguridad privada. «Este indulto es contrario a las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y, en un sentido más amplio, socava el derecho humanitario y los derechos humanos a nivel mundial», dijo Aparak. Los indultos y amnistías, así como otras formas de absolución de los culpables de crímenes de guerra, «abren la puerta a futuros abusos», concluyó.
El Grupo de Trabajo sobre el Uso de Mercenarios fue establecido en julio de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Está compuesto por cinco expertos independientes y tiene el mandato de vigilar el uso de mercenarios, estudiar e identificar los problemas relacionados, su impacto en los derechos humanos, en particular en el derecho de los pueblos a la libre determinación. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reemplazó a la comisión, renovó el mandato del grupo de trabajo por tres años en 2019.
En septiembre de 2007, los contratistas de Blackwater acompañaron un convoy de la embajada de Estados Unidos en Bagdad y, sospechando una amenaza de ataque en la plaza Nisour, abrieron fuego contra iraquíes desarmados. Como resultado, murieron civiles, incluidos niños. En Estados Unidos, el juicio en este caso duró varios años, y los contratistas y funcionarios de Blackwater afirmaron haber actuado de acuerdo con las instrucciones y en defensa propia. En abril de 2015, cuatro empleados de la empresa recibieron largas penas de prisión. En 2019, uno de los convictos (Nicholas Slatten) fue condenado a cadena perpetua.