Cinco barcos de la armada de Bangladesh que transportaban a más de 1.700 refugiados rohingya partieron el martes de la ciudad portuaria de Chittagong, en el sureste del país, hacia una isla aislada donde serán reubicados a pesar de las preocupaciones de los grupos de derechos humanos sobre su seguridad.
Se esperaba que los refugiados llegaran a la isla Bhashan Char después de un viaje naval de tres horas, dijo un funcionario del gobierno involucrado en el proceso. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios, dijo que los refugiados fueron llevados a Chittagong desde sus campamentos en Cox’s Bazar en autobuses el lunes y pasaron la noche en un campamento temporal.
Las autoridades insisten en que los refugiados fueron seleccionados para la reubicación en función de su voluntad y que no se les presionó. Pero varios grupos activistas y de derechos humanos dicen que algunos se vieron obligados a ir a la isla, ubicada a 34 kilómetros del continente.
La isla surgió hace solo 20 años y antes no estaba habitada. Fue sumergido regularmente por las lluvias monzónicas, pero ahora tiene terraplenes de protección contra inundaciones, casas, hospitales y mezquitas construidas a un costo de más de 91 millones de euros por la marina de Bangladesh.
Las instalaciones de la isla están diseñadas para albergar a 100.000 personas, solo una fracción del millón de musulmanes rohingya que huyeron de oleadas de persecución violenta en su Birmania natal y que actualmente viven en campamentos de refugiados abarrotados y escuálidos en el distrito de Cox’s Bazar.
Las autoridades enviaron el primer grupo de 1.642 rohingya a la isla el 4 de diciembre a pesar de los pedidos de detención de los grupos de derechos humanos.
Las agencias de ayuda internacional y las Naciones Unidas se han opuesto a la reubicación desde que se propuso por primera vez en 2015, expresando el temor de que una gran tormenta pueda abrumar la isla y poner en peligro miles de vidas.
La ONU también expresó su preocupación de que se permita a los refugiados tomar una «decisión libre e informada» sobre si deben reubicarse. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han instado al gobierno a cancelar el plan.