Mientras los equipos negociadores británicos y europeos tratan de resolver sus diferencias para alcanzar un acuerdo que regule la relación postBrexit, se aproxima la hora límite de la medianoche del domingo que había fijado el Parlamento Europeo.
Si el pacto se retrasa más, la cámara europea no dispondría de suficiente tiempo para hacer el escrutinio del acuerdo previo a su ratificación. Sin embargo, representantes comunitarios de la CE y franceses se han mostrado reacios a una firma de último minuto presionada por el factor temporal.
En un comunicado el jueves, los líderes de los grupos parlamentarios dijeron estar «preparados para organizar un pleno extraordinario hacia finales de diciembre en el caso de que se llegue a un acuerdo antes de la medianoche del domingo 20 de diciembre, para que el Parlamento Europeo pueda debatir el resultado de la negociación y considerar si da su consentimiento».
Sin embargo, el sábado, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, descartó comprometerse con esa fecha límite durante una entrevista con la emisora de radio France Inter. «Creo que nunca hay que negociar con alguna forma de presión temporal porque te obliga a hacer concesiones para terminar pase lo que pase y nosotros no queremos un acuerdo a cualquier precio», subrayó, y agregó que «es normal no decir, escucha, es domingo por la noche, paramos y sacrifico todo».
Avisó de que «están en juego sectores enteros, como la pesca» y el respeto de la competencia en el mercado único.
Nueve flotas de la UE pescan en aguas británicas: España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Polonia
La propia Comisión Europea (CE) tampoco quiso comprometerse con la fecha límite del domingo el viernes pasado. «No puedo entrar en detalles, seguimos negociando, queremos un acuerdo, pero hoy no sé si habrá un acuerdo o no y cuándo habrá un acuerdo o no», declaró el portavoz de la CE, Daniel Ferrie, durante la rueda de prensa diaria de la institución el sábado.
La pesca se ha convertido en el principal obstáculo para cerrar el pacto, a pesar de su poco peso en la economía del Reino Unido. Sin embargo, el control del acceso a las aguas británicas supone para Londres un símbolo de la recuperación de la soberanía tras el Brexit.
Barnier aseveró que Bruselas respeta y acepta que el Reino Unido quiera controlar el acceso a sus aguas. «Pero si el Reino Unido quiere, tras un periodo de ajuste creíble y suficiente, poder cortar el acceso a sus aguas para los pescadores europeos en cualquier momento, la Unión Europea debe tener también un derecho soberano de reaccionar o de compensar, ajustando entonces las condiciones de acceso a su mercado para el conjunto de productos y, sobre todo, para los productos de pesca», argumentó Barnier.
«No sería ni justo ni aceptable que los pescadores europeos solo tuvieran en las aguas británicas derechos transitorios, que se evaporasen un día, mientras que el resto del acuerdo, en particular para las empresas británicas, permanecería estable», recriminó.
Nueve flotas de la UE pescan en aguas británicas: España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Polonia y obtienen en esas aguas el 40 % de las capturas de la flota europea.
El objetivo es llegar a un acuerdo que permita a la flota de la UE seguir faenando en aguas británicas y a los británicos continuar vendiendo sus productos pesqueros en la UE
España captura anualmente alrededor de 9.000 toneladas de pescado en aguas del Reino Unido, principalmente merluza, gallo y rape, que están valoradas en unos 27 millones de euros. Esas 9.000 toneladas apenas representan un 1% sobre el total de capturas de la flota española, según datos de la patronal de armadores Cepesca. Los buques pesqueros españoles dan empleo a 2.150 tripulantes y generan alrededor de 10.750 empleos directos e indirectos. Son, principalmente, gallegos, pero también del País Vasco, de Cantabria y de Asturias.
El objetivo de las negociaciones es llegar a un acuerdo que permita a la flota de la UE seguir faenando en esas aguas y a los británicos continuar vendiendo sus productos pesqueros en territorio comunitario, sin aranceles ni impuestos en las fronteras.
El Reino Unido vende el 80% de su pescado a la UE y no podría darle salida de la misma forma si ambos bloques empiezan a comerciar bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con nuevos aranceles y barreras a los intercambios.