A los más pobres les mandamos armas para que se maten entre ellos, o para que otros puedan hacerlo en nuestro nombre.
Las 25 empresas más importantes dedicadas a la venta de armas y de servicios derivados de esta industria vendieron en 2019 por valor de 361.000 millones de dólares, lo que presenta un incremento del 8,5% respecto al año anterior, según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Doce son estadounidenses; las seis europeas controlan un 18% del negocio. La novedad es que cuatro chinas han entrado por primera vez en el ranking de los más ilustres.
Los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, los que deberían impulsar y proteger la paz, son, junto a Alemania, los principales vendedores de armas. España se mueve entre el séptimo y el décimo puesto sin importar demasiado si gobierna la izquierda o la derecha. Cuando Emmanuel Macron denuncia dictaduras se olvida siempre de Egipto, una de las más crueles. Las ventas de armas a ese país explican su silencio; también en España, con la venta de las fragatas a Arabia Saudí.
El problema no es el negocio, sino su opacidad. Una sociedad democrática tiene derecho a saber si vende armas a países en guerra y a los que violan los derechos humanos para establecer el precio moral que está dispuesta a pagar por sus tres comidas calientes al día. Desconocemos si la pandemia ha afectado a la venta de armas en 2020, ahora que la muerte se ha mudado de trinchera y ataca en nuestras calles del primer mundo repletas de adornos navideños. Estamos tan ensimismados en nuestra desgracia que no vemos la de los demás.
Hablamos mucho de la esperanza que ofrecen las vacunas contra covid-19, del calendario de vacunación y de los millones de personas que estarán protegidas antes del verano, también de las dificultades logísticas de un producto que debe mantenerse a 70 grados bajo cero. Casi nadie habla de los pobres. La Alianza para la Vacunación del Pueblo, una red de organizaciones que incluye a Amnistía Internacional, Oxfam, Frontline AIDS, Global Justice Now, entre otras, denuncia que los países ricos van a acaparar el 53% de las vacunas más efectivas pese a representar el 14% de la población mundial. Calculan que nueve de cada diez personas de los 67 países más pobres del mundo no recibirán dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y Oxford-AstraZeneca. Nigeria, Birmania, Kenia, Pakistán y Ucrania, que están entre los 67 perjudicados, tienen más de 1,5 millones de casos. La Alianza demanda a las empresas farmacéuticas la liberación de sus patentes para garantizar una producción mundial suficiente.
Los países ricos se han asegurado dosis como para vacunar tres veces a toda su población. La totalidad de la dosis de Moderna y el 90% de las de Pfizer/BioNTech están vendidas a países ricos, informan fuentes de la Alianza en el periódico británico The Guardian. Los países más pobres no tendrán acceso a estas vacunas durante años. Además de su precio, prohibitivo para muchos, están las dificultades logísticas de transporte hasta los centros de vacunación a tan bajas temperaturas.
Si estamos ante una crisis sanitaria mundial sin precedentes desde la mal llamada gripe española en 1918, debería existir una respuesta conjunta. Una distribución más democrática y solidaria. Los defensores de capitalismo ultra liberal esgrimirán el derecho al beneficio de las empresas que han arriesgado su dinero para inventar y producir un producto. Solo recordar que las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas que parecen más preparadas para su producción recibieron 5.000 millones de dólares de dinero público.
Para los defensores del modelo estatista y centralizado, solo recordar que nadie está corriendo para ponerse la vacuna rusa que no se ha sometido a los mismos controles. Existe una petición de más de 100 personalidades y organizaciones vinculadas a la salud, la justicia y al derecho que han pedido al presidente electo Joe Biden que emplee su poder ejecutivo para garantizar un reparto masivo de las vacunas. Sucede lo mismo en la Unión Europea: decenas de oenegés demandan un cambio legislativo para el que se necesita un millón de firmas.
La pandemia representa una oportunidad extraordinaria para revertir las prioridades: personas o negocios, vida o muerte, puentes o muros. En Hong Kong apareció hace meses una pintada que resume la esencia del debate: «No podemos volver a la normalidad porque la normalidad que teníamos era precisamente el problema».