La grave recesión del coronavirus ha empujado a los líderes de la Unión Europea (UE) a primar el rápido desbloqueo de los 1,8 billones del fondo de recuperación y del marco presupuestario 2021-2027 sobre el respeto inmediato de los principios democráticos por parte de los gobiernos de Hungría y Polonia.
Ante la urgencia en poder usar los fondos europeos para evitar el disparo de la deuda pública, los líderes no podían permitirse más retrasos en esos fondos bloqueados por Hungría y Polonia. Por ello, la cumbre europea ha asumido un compromiso que en la práctica supone retrasar hasta más allá de 2022 la aplicación del nuevo reglamento que condiciona la recepción de las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho.
El compromiso da un respiro a los gobiernos autoritarios de Hungría y Polonia. El pacto, negociado por Alemania, permitirá al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su partido Fidesz afrontar las elecciones legislativas del 2022 sin el desgaste político de ver bloqueadas las ayudas europeas por no respetar los principios democráticos, como exige el artículo 2 del Tratado de la UE. El ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que gobierna Polonia, probablemente también podrá llegar a las elecciones de 2023 sin que se haya llegado aún a bloquear ningún céntimo de las cuantiosas ayudas europeas previstas.
Hungría y Polonia ya tienen abierto un expediente por violación grave de los principios democráticos, en aplicación del artículo 7 del Tratado. Pero está paralizado en el Consejo de la UE desde hace más de dos años por falta de voluntad política de los demás gobiernos.
La ayuda del fondo de reactivación europeo a Hungría y Polonia equivale a más del 4% de su producto interior bruto (PIB) y será una arma política mayúscula para que ambos gobiernos puedan afianzarse en el poder, financiar su popularidad y cimentar su red clientelar la empresarios afines.
El nuevo reglamento que condiciona las ayudas al respeto del Estado de derecho no podrá aplicarse hasta que haya sido avalado por el Tribunal de Justicia de la UE, según el pacto. Esto supondrá un retraso mínimo de dos años, dada la tradicional duración de estos procedimientos. Y el trámite judicial no se iniciará hasta dentro de unos meses, después de que Hungría y Polonia formalicen su demanda.
El pacto incluye otras condiciones que diluyen y retrasan el eventual bloqueo de las ayudas europeas. La Comisión Europea no definirá sus directrices sobre cómo aplicar el reglamento hasta después del fallo del Tribunal de la UE. Hasta que no estén finalizadas esas directrices, no podrá emprender ninguna acción. El reglamento, además, sólo se activará como último recurso y si hay daños al presupuesto de la UE directos y documentados. El pacto establece que el gobierno afectado por el bloqueo de fondos podrá llevar la cuestión a debate al Consejo Europeo, lo que implicará nuevos retrasos.
El historiador Timothy Garton Ash alertaba esta semana del grave peligro que supone para el futuro de la UE que se deje consolidar en su interior regímenes antidemocráticos, como Hungría y Polonia. Bajo Orbán, Hungría se han transformado en un régimen autoritario con elecciones, «la primera dictadura suave de la UE», como señalan los profesores de Derecho Petra Bard y Laurent Pech. Orbán y Fidesz controlan todos los resortes del Estado, incluido el poder judicial, han silenciado la prensa crítica y han modificado las leyes electorales para perpetuarse en el poder. Su control se extiende también a las entidades de la sociedad civil (profesionales, culturales y académicas), llegando a expulsar del país a la Universidad Centroeuropea en el 2018. Y Polonia, bajo el PiS de Jaroslaw Kaczynski, sigue sus pasos.
La Comisión Europea anunció el 3 de diciembre un plan de defensa de la democracia y del pluralismo de los medios de comunicación en la UE a desarrollar en tres años. Pero ese plan llega muy tarde. El control directo o indirecto de los medios de comunicación públicos y privados por numerosos gobiernos europeos (Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumania, República Checa) y el acoso judicial y financiero a los medios críticos conduce a que el partido en el poder monopolice el debate político y que a la oposición le resulte muy difícil transmitir sus mensajes sin distorsiones.
Esta semana, la petrolera estatal polaca PKN Orlen ha comprado el grupo regional Polska Press, con más de 20 diarios y 120 revistas, lo que afianza aún más el control gubernamental sobre la información que se publica en el país.