Luchar contra el islamismo radical es una prioridad para Emmanuel Macron y su Gobierno. Este miércoles, el «proyecto de ley para reafirmar los principios republicanos», conocido inicialmente como “proyecto de ley contra el separatismo islamista”, llegó al Consejo de Ministros.
“Este texto no es un texto contra las religiones, ni contra la religión musulmana en particular. Es una ley de emancipación frente al fanatismo religioso”, insistió el primer ministro Jean Castex, durante la presentación de la nueva legislación. De hecho, el texto en cuestión no cita ninguna religión en particular.
Este 9 de diciembre no es una fecha anodina, se trata del aniversario de la promulgación de la ley de 1905, la misma que establece las bases de uno de los principales pilares republicanos: el laicismo. En un otoño marcado por una nueva ola de atentados islamistas y por fuertes críticas a nivel internacional dirigidas contra la estricta visión del laicismo de Emmanuel Macron y su férrea defensa del derecho a la caricatura y la blasfemia, la presentación del texto constituye una declaración de principios por parte del jefe de Estado: Francia combatirá con mano de hierro el islamismo radical.
Controlar las subvenciones públicas
“Garantizar el libre ejercicio de culto” y “garantizar el respeto de los principios republicanos” son los principales objetivos del proyecto legislativo. Con el objetivo de evitar derivas sectarias, el texto condiciona cualquier subvención pública a una asociación a la firma de “un contrato de compromiso republicano”, estrechando así la vigilancia de la financiación de las organizaciones religiosas y también de federaciones deportivas. En caso de violar dicho contrato, los subsidios deberán ser reembolsados.
En su defensa del laicismo republicano, la ley prevé la neutralidad religiosa de los funcionarios: todo empleado público o trabajador de empresas subcontratadas por el sector público estará obligado a no manifestar su afiliación religiosa durante su jornada laboral. «Ya no será posible observar comportamientos comunitarios o el uso de símbolos religiosos por parte de estos agentes que trabajan en nombre del servicio público, aunque no sean oficialmente funcionarios públicos», insistió el ministro del Interior, Gérald Darmanin, durante la presentación del proyecto.
La legislación permitirá a los «prefectos intervenir para imponer los valores de la República y asegurar que se respeten cuando sean atacados», continúo Darmanin. A título de ejemplo, las piscinas “reservadas a las mujeres por razones religiosas” podrán ser intervenidas por la prefectura. El texto también penalizará a los médicos que realicen certificados de virginidad y reforzará los controles para impedir la poligamia y evitar los matrimonios forzosos.
En su lectura del laicismo, la educación cívica en las escuelas públicas cobra una importancia fundamental. Así pues, la legislación prevé limitar al máximo la educación a domicilio. “La educación en el hogar debe ser bastante excepcional […] En un importante número de casos, oculta estructuras salafistas clandestinas. Queremos hacer frente a esta realidad sociológica”, justificó el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer. Los profesores con contratos de colaboración en establecimientos escolares privados también serán controlados y se reforzará la vigilancia financiera de dichas entidades educativas.
El asesinato de Samuel Paty como trasfondo
Recordando el asesinato del profesor Samuel Paty, víctima de una campaña de acoso y derribo a través de las redes sociales por haber ilustrado una de sus clases sobre la libertad de expresión con caricaturas del profeta Mahoma, el ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, explicó que la normativa permitirá “que las personas que difunden el odio con impunidad en las redes sociales sean impugnadas y juzgadas en un tribunal”.
Otro de sus artículos permitirá condenar con penas de prisión a quienes agredan, intimiden o amenacen a un funcionario público.