El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha insistido este viernes en que el desembolso de los fondos de recuperación post-Covid de la UE deben ir «separados» de cualquier debate sobre el Estado de Derecho y ha descartado una solución intermedia planteada por un miembro del Gobierno polaco.
El veto de Hungría y Polonia mantiene paralizado el fondo de 750.000 millones de euros, aunque la Comisión Europea estudia opciones jurídicas para sacarlo adelante dejando fuera a estos países. En Bruselas también se especula con encontrar fórmulas que permitan por ejemplo matizar que el mecanismo sobre Estado de Derecho solo estaría vinculado al presupuesto comunitario y no afectaría a otras políticas, entre ellas la de inmigración.
En este sentido, un viceprimer ministro polaco ha planteado que pueda haber una declaración separada de líderes sobre cómo interpretar el polémico mecanismo, algo que Hungría parece descartar de antemano.
«Acordamos con los polacos una posición conjunta y no aceptar nada que fuese inaceptable para la otra parte», ha asegurado Orban, que ha tachado precisamente de «inaceptable» el plan deslizado desde el país vecino, según la agencia Bloomberg. Tanto Hungría como Polonia han asegurado que no tienen necesidad de los fondos que les corresponden en el reparto.
Sin embargo, Varsovia ha querido dejar claro que «mantiene su posición, por completo», en palabras del portavoz del Gobierno, Piotr Muller. Dicha posición «quedó clara en una declaración conjunta de Polonia y Hungría», según Muller, en un intento por dejar claro que no existe ninguna división entre los dos países aliados.
Bruselas, entretanto, presiona a Orban augurando recortes presupuestarios y avisando de que el mecanismo sobre Estado de derecho se aplicaría igual. Las alternativas que baraja la Comisión para sortear el doble veto pasan también por un mecanismo de «cooperación reforzada» en el que avanzarían todos los socios excepto Hungría y Polonia, un acuerdo «intergubernamental» como el que sustenta el fondo europeo de rescates (MEDE) o un sistema de avales públicos por parte de los Estados miembros que permita a Bruselas emitir deuda, según fuentes comunitarias.