Pocas veces unas elecciones generales en Bolivia fueron motivo de tanta atención como las del pasado 18 de octubre cuando resultó victoriosa la fórmula del Movimiento Al Socialismo (MAS), integrada por Luis Arce y David Choquehuanca.
Este proceso, además, abrió el camino para la restauración de la democracia en este país suramericano.
Tras el golpe de Estado que obligó a dimitir al presidente Evo Morales en noviembre de 2019, la derecha boliviana instauró un gobierno de facto que desde un inicio mostró desinterés total por la seguridad y el progreso del pueblo.
Sin apoyo popular Jeanine Áñez fue investida presidenta, y su administración pasó a desmantelar los avances que en materia económica y social había logrado el país durante los mandatos de Morales (2006-2019).
Privatización de recursos y sectores estratégicos, reiterados escándalos de corrupción a todos los niveles, endeudamiento del país con instituciones financieras internacionales, disminución de las reservas internacionales y el Producto Interno Bruto, son algunas de las secuelas dejadas por las políticas impulsadas por el gobierno de facto en materia económica.
Además de esos males, también dejó una profunda crisis social agravada por la pandemia de la Covid-19, cuyo manejo fue reiteradamente criticado por la población, médicos y personal de la Salud, y así lo prueban los casi 150 mil casos confirmados y los más de ocho mil decesos por esa enfermedad.
En este escenario, se suma la persecución política desatada por las autoridades golpistas contras líderes del MAS, exfuncionarios del gobierno de Morales, y el uso excesivo de la fuerza para reprimir a quienes pacíficamente clamaron por el retorno a la institucionalidad y el respeto a los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019.
De este triste capítulo resultaron decenas de muertos y centenares de heridos en las masacres de Senkata y Sacaba, la encarcelación de decenas de autoridades del gobierno del MAS bajo falsas acusaciones, pruebas plantadas y violaciones al debido proceso, todo con los poderes del Estado como medios para ese fin, violando así lo establecido en la Constitución Política del país.
Bolivia se convirtió entonces en el centro de atención de América Latina: por una parte de quienes defendieron la democracia y negaron la narrativa del fraude electoral; y por otra de quienes irrespetaron las leyes y desde el poder practicaron la persecución política y la represión violenta.
Sin embargo, las proyecciones políticas de la derecha boliviana y el gobierno de facto fallaron al subestimar la fortaleza de la base social del MAS y sus líderes, principalmente de Evo Morales, quien desde el exilio en Argentina reorganizó las fuerzas progresistas, movimientos sociales y sindicales de cara a un nuevo proceso electoral.
Ante la nueva realidad y en el rol de fuerza de oposición, el MAS hizo una revisión de sus métodos de trabajo con miras a recuperar el poder, intención que ganó apoyo ante los desmanes del gobierno de facto.
La administración de Áñez, reconocida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) con el único mandato de convocar a nuevas elecciones, pronto buscó alternativas para impedir que el MAS retomara al poder.
Con ese fin el gobierno de facto aplazó en tres ocasiones la fecha de las elecciones generales, invalidó candidaturas sobre la base de argucias legales desestimadas por expertos, como fueron los casos de Evo Morales y el excanciller Diego Pary, a quienes les fueron negadas sus aspiraciones a senadores.
También alentó la criminalización de los candidatos del MAS a partir de pruebas inexistentes para sacarlos de la carrera electoral, como intentaron en más de una ocasión con el presidente electo, Luis Arce.
Finalmente, el 18 de octubre, el pueblo boliviano decidió en las urnas poner fin a un año de atropellos, saqueos, represión y atentados contra la vida al apoyar la propuesta electoral del MAS y su agenda política basada en la defensa de la soberanía, los recursos nacionales y la redistribución de la riqueza.
Luis Arce y David Choquehuanca fueron elegidos en primera vuelta como presidente y vicepresidente, respectivamente, del país, con un apoyo de más del 55 por ciento de los votos válidos.
Por la vía democrática y ante los ojos del mundo, los bolivianos dijeron ‘NO’ a un modelo personificado por el gobierno de facto en representación de la derecha nacional, que en menos de un año mostró su ineficiencia para gobernar y la incompatibilidad del neoliberalismo con las aspiraciones a un modelo de desarrollo sostenible.
El MAS vuelve a ser el núcleo político de la nación, alrededor del cual giran las comunidades indígenas, los gremios obreros y campesinos, los movimientos sociales, la pequeña y mediana empresa, y la clase media, sectores que ahora trabajarán por un nuevo pacto social.
La nueva Bolivia ya comenzó a levantarse; sus cimientos son el inmenso apoyo popular, lo logrado en gestiones anteriores del MAS, y el irrevocable liderazgo de Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca.
De acuerdo con Morales, líder del MAS, la unidad los llevó a la victoria y por lo tanto urge mantenerla para proteger el proceso de cambio e impulsar la Revolución Democrática y Cultural en esta nación andino-amazónica.
Tras su regreso a Bolivia, luego de un año en el exilio, el líder indígena sostuvo varias reuniones con representantes de organizaciones sindicales y sociales con el objetivo de trazar estrategias para apoyar al gobierno del MAS y de esa forma aportar iniciativas en beneficio del pueblo.