La Fiscalía de Bolivia ordenó el martes la aprehensión del general de Brigada Aérea Alfredo Cuéllar en el marco de las investigaciones del caso Sacaba.
La Policía boliviana detuvo al alto mando militar por cargos asociados a la masacre ocurrida en noviembre de 2019 en el sector del puente Huayllani, región de Sacaba.
Cuéllar es investigado por el Ministerio Público debido a la muerte de 12 personas y a las heridas causadas a otras 125 durante la represión del gobierno de facto de Jeanine Áñez contra manifestantes que protestaban por el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
En específico, las muertes por las que la Fiscalía acusa al general Cuellar ocurrieron el 15 de noviembre de 2019, cuando los militares dispararon agentes químicos y proyectiles a los manifestantes del Trópico de Cochabamba, en el puente de la citada demarcación de Huayllani.
De acuerdo con la fiscal Lizeth Martinez, “se ha emitido la orden de aprehensión al existir riesgo de fuga y obstaculización para la investigación, además de otros elementos en contra del efectivo militar”.
La representante del Ministerio Público agregó que Cuellar, primer uniformado al que se detiene por estos hechos, “se encuentra en calidad de aprehendido y se realizarán los actos investigativos que se vean por convenientes para esclarecer este hecho”.
Cuellar está ahora en espera de una audiencia de la que se esperan medidas cautelares. Según su abogado Edwin Paredes, su defendido “solo cumplió funciones administrativas” durante los incidentes que se investigan.
Esta detención se da un día después de que se instaló un Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigará los sucesos de violencia de 2019.
Tras la dimisión de Morales el pasado 10 de noviembre y la instalación del gobierno de facto, se desataron en Bolivia masivas protestas de partidarios del exmandatario que exigían su regreso y la salida del gobierno autoproclamado.
En dichas manifestaciones, las Fuerzas Armadas usaron armas y agentes químicos para dispersar a los manifestantes en Sacaba y Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, y causaron la muerte de al menos 18 seguidores de Morales.
Ante tal situación, Áñez emitió un decreto que eximía de cualquier “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad que reprimían las protestas contra el golpe de Estado.
Diversas organizaciones internacionales, entre ellas, Amnistía Internacional (AI), la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han denunciado que la violencia en el país andino constituye una violación de los derechos humanos.