A una golpeada Nicaragua no le faltará la asistencia humanitaria de la Unión Europea. Pero en la Eurocámara crecen las voces que piden más sanciones para su cúpula política, incluyendo la suspensión del acuerdo regional.
En un momento en que un paquete de nuevas leyes acentúa aún más el carácter autoritario del gobierno de Nicaragua, en un debate en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo no fueron pocas las voces -tanto de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense como de la Eurocámara- que pedían mayor presión sobre el gobierno de Managua para cesar la represión. ¿Cómo? Ampliando la lista de sancionados, incluyendo a la pareja presidencial, por ejemplo. O activando el artículo 1.1 del Acuerdo de Asociación (ADA), cuyo pilar comercial está en marcha desde 2013 y cuyo pilar de diálogo político y cooperación aún se encuentra en vías de ratificación. El famoso artículo 1.1. «establece el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
Cabe recordar que imponer sanciones a miembros del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo había sido decidido en enero de 2019. La lista de sancionados -con congelamiento de activos en territorio europeo y acceso al espacio de la UE- se decidió en octubre de 2019.
Pero la represión ha recrudecido más aún con la pandemia, los 118 presos políticos siguen encarcelados, no ha habido retorno seguro para los que han emigrado desde abril de 2018, los universitarios que fueron expulsados después de las protestas no han sido readmitidos.
Más aún, las últimas leyes de seguridad cibernética, agentes externos y de prisión perpetua solo permiten avizorar días aún más negros para el futuro democrático del país. En ese contexto, las sanciones fueron extendidas, un año más.