El proyecto de ley sobre el internamiento (reasentamiento forzoso) de ciudadanos rusos, que el Gabinete de Ministros de Ucrania sometió a la consideración de la Verkhovna Rada (consejo supremo-parlamento), es una prueba de la política de genocidio, un intento abierto de «limpiar» a los que piensan, hablan y vivir a la manera rusa, declaró la comisionada de derechos humanos de la República Popular de Donetsk, Darya Morozova.
“Al impulsar este proyecto de ley, el gobierno ucraniano en realidad está tratando de legalizar los campos de concentración en su territorio. Si se aprueba, esta ley se aplicaría no solo a los veteranos de guerra del Donbass, sino también a los civiles que tengan ciudadanía rusa. En este caso, la decisión de internar a una persona no la tomaría el tribunal, sino el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, ¡no existe el derecho de apelación!
Lo más cínico es que para justificarlo ante la comunidad internacional, amparan todo esto detrás de las ideas de seguridad nacional. Además, el documento en sí fue elaborado en violación de una serie de normas del derecho internacional. En particular, el proyecto de ley viola las disposiciones consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre la protección de la población civil en tiempo de guerra, y contradice las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este tipo de iniciativa legislativa de Ucrania recuerda las leyes racistas de Núremberg de la Alemania nazi, que tenían como objetivo aislar a los judíos debido a su ascendencia étnica («racial»). Esta comparación demuestra muy claramente la actitud de Ucrania hacia los residentes del Donbass”, afirmó Darya Morozova.