El próximo 21 de mayo, después de ocho años de vigencia, vence el convenio de defensa con Washington que regula la presencia de las tropas estadounidenses en las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). Sin embargo, el Gobierno español ya tiene decidido prorrogarlo por un año, para dar tiempo a que la nueva Administración demócrata, presidida por Joe Biden, se forme y defina sus líneas políticas. La revisión del convenio militar será a lo largo de 2021 una importante baza en la renegociación de unas relaciones bilaterales en las que España aspira a mejorar su situación comercial.
Washington exigió y logró en 2011 que la nueva prórroga del convenio militar con España tuviera una vigencia de ocho años. Se trataba de garantizar la estabilidad jurídica ante el acordado despliegue en la base naval de Rota de cuatro destructores de la clase Arleigh Burke, con 1.200 militares y 100 civiles. Aunque el pacto se negoció con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma del tratado que le sirvió de paraguas entró en vigor el 21 de mayo de 2013, ya con Mariano Rajoy en La Moncloa, por lo que expirará el 21 de mayo del año que viene.
No obstante, el artículo 69 del convenio prevé que, si ninguna de las dos partes comunicara por escrito con seis meses de antelación (es decir, antes del próximo día 21) su intención de denunciarlo, este se prorrogará automáticamente por el plazo de un año.
Con la prórroga por un año del actual convenio se ha querido dar tiempo a la Administración Biden para que defina sus políticas. El nuevo inquilino de la Casa Blanca tomará posesión el 20 de enero y, a partir de ahí, tendrá que formar sus equipos teniendo en cuenta que una de las últimas decisiones de Trump ha sido descabezar el Pentágono, cesando al secretario de Defensa Mark Esper. En esas condiciones no hay tiempo material para que Madrid y Washington negocien un nuevo convenio militar antes del 21 de mayo.
Pese a que las relaciones políticas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Donald Trump han sido casi inexistentes (el actual presidente español no ha sido invitado a la Casa Blanca en los más de dos años que lleva en el cargo), las militares no se han deteriorado.
La llegada de los cuatro destructores a Rota se justificó como una aportación al escudo antimisiles de la OTAN, pero lo cierto es que estos buques han tenido libertad para realizar otras misiones, incluida su participación en el ataque con misiles contra una base del régimen sirio en 2017 en represalia por el empleo de armas químicas.
El Gobierno español dio su visto bueno a la petición del Pentágono de sustituir sus cuatro destructores de Rota por otros más modernos, acompañados de un escuadrón de helicópteros de ataque. El primero de los nuevos buques, que refuerzan las capacidades de la Sexta Flota, el USS Roosevelt, llegó a la base gaditana en mayo pasado y se espera que los otros tres lo hagan escalonadamente hasta 2022.
El Departamento de Defensa también trasladó al Gobierno español su deseo de aumentar con otros dos buques (y 600 marinos) el escuadrón de Rota, para ahorrarse la travesía del Atlántico en sus despliegues por el Mediterráneo oriental, el mar Negro o, como sucedió durante la pasada primavera, el mar de Barents, en el Círculo Polar Ártico.
A diferencia del relevo de los destructores, esta petición sí obligaba a modificar el convenio, que para España tiene categoría de tratado internacional y requiere la aprobación del Parlamento. Por ello el Gobierno dio largas a la espera de que se despejara el panorama político.
Además, en septiembre pasado, The Washington Post citaba la base gaditana como una de las posibles alternativas para reubicar el cuartel general del Mando para África (Africom) de EE UU si se optaba finalmente por sacarlo de Stuttgart (Alemania). Fuentes de Defensa aseguran que el Pentágono nunca lo planteó en conversaciones formales o informales. En todo caso, esa posibilidad se encuadraba en la decisión de Trump de retirar casi 12.000 soldados de Alemania por sus discrepancias con Merkel, por lo que está por ver si Biden la mantendrá.
El año de prórroga del convenio servirá para conocer cuáles son las intenciones sobre Rota de la nueva Administración. Tampoco el Gobierno tenía otra alternativa pues, de haber llegado al 22 de mayo sin un convenio en vigor, se habría iniciado el plazo de un año para que EE UU retirase sus tropas de España, lo que habría tenido consecuencias económicas muy graves en el entorno de las dos bases.
El Gobierno es consciente de que la vertiente militar y de seguridad es la que más interesa a Washington de España, aunque no sea así a la inversa. La renegociación del convenio puede ser una buena baza en un momento en el que habrá que redefinir la relación bilateral. No se espera que la nueva Administración elimine de la noche a la mañana los aranceles impuestos por Trump a productos españoles como la aceituna, el aceite o el vino, una negociación que corresponde en todo caso a la Comisión Europea.
Fuentes diplomáticas estiman que sí hay margen de maniobra en algunos temas, como la imposición a empresarios españoles de sanciones derivadas de la aplicación de la ley Helms-Burton sobre el embargo comercial a Cuba. La política hacia América Latina (en particular, Cuba y Venezuela) es uno de los capítulos donde España espera abrir un diálogo que ha sido imposible con la Administración Trump.