Polémica en España por una iniciativa del Gobierno para combatir la «desinformación».

El Consejo de Seguridad Nacional será el órgano encargado de velar por la veracidad de la información. Oposición y asociaciones de periodistas muestran inquietud, aunque en el Ministerio de la Presidencia se escudan en que la medida es acorde a las iniciativas establecidas por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Surge un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y la oposición, esta vez a cuenta de la publicación el 5 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, «por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional».

En principio la orden obliga a los agentes de Policía y Guardia Civil a comunicar inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional (organismo dependiente del Ministerio de Presidencia del Gobierno, donde se encuadra la Secretaría de Estado de Comunicación) cualquier hecho relevante vinculado con «la desinformación». Según el Ministerio dirigido por Carmen Calvo, se trata de examinar «el pluralismo de los medios de comunicación». Se pretende «mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación» y ayudar «a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido».

La oposición estima que en realidad lo que se intenta es controlar los medios de comunicación. Las asociaciones de periodistas han expresado una postura similar. La Federación de asociaciones de periodistas (FAPE) solicita que se aclare el cometido de lo que considera «un comité gubernamental». Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid, habla directamente de que la orden derive en un instrumento de «censura».

Se da la circunstancia de que fue el anterior Gobierno de Mariano Rajoy el primero en acoger este tipo de iniciativas. La ministra de Defensa de entonces, María Dolores de Cospedal, declaró en su momento que enfrentarse a la desinformación era «uno de los mayores retos para los sistemas de defensa de las democracias», si bien la iniciativa no prosperó.