El próximo martes, si los planes previstos no cambian, el Consejo de Ministros dará luz verde a la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la localidad gaditana de Algeciras. El proyecto tendrá un coste de algo más de 21 millones de euros en tres años, IVA no incluido, y amenaza con provocar tensiones en la coalición de Gobierno, ya que Unidas Podemos se ha mostrado siempre en contra de la propia existencia de los CIE, mientras la parte socialista del Ejecutivo y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska sí los defienden.
Los CIE son recintos polémicos desde hace años. Pese a que no se consideran centros penitenciarios, varios de ellos (incluido el actual de Algeciras) se encuentran ubicados en antiguas prisiones.
Interior los utiliza para retener a inmigrantes en situación irregular, que pueden pasar hasta 60 días entre sus muros –si un juez así lo decide– a la espera de que se dicte una orden de expulsión en su contra y, si esto se produce, hasta que esa orden se ejecute. No tienen por qué haber cometido ningún delito, más allá de no tener papeles.
En los últimos años, los CIE han sido objeto de controversia por las malas condiciones en las que se mantenía a los internos en algunos de ellos o por su falta de transparencia. Se han llegado incluso a producir varios motines, como los ocurridos en el centro de Aluche (Madrid) este mismo año, en marzo, para protestar por la falta de medidas de protección contra la Covid-19.
No obstante, Interior no lo ve igual, y hace unos días el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, lo dejaba claro en el Congreso. En los próximos Presupuestos, dijo, «no hay una partida para la desaparición de los CIE» porque son necesarios para el «retorno» de la «inmigración irregular» a sus países de origen. De hecho, además de en Algeciras, el proyecto de Presupuestos establece como prioridad construir nuevos centros en Madrid y Málaga.