La segunda ola de la pandemia avanza tan rápido que apenas hay tiempo para comprobar la eficacia de las medidas que se adoptan para hacerle frente. Una semana con toque de queda, solo unos días con confinamientos perimetrales y dos comunidades ya han pedido el confinamiento domiciliario: Asturias y Melilla. La realidad atropella los planes del Gobierno.
Lo hace en España y también en Europa, donde varios países ya han decretado cierres más o menos estrictos.
Desde el verano, el Gobierno va a remolque de la evolución epidemiológica y las comunidades. Solo cuando ya había confinamientos perimetrales, empezaban a decretarse toques de queda y la mayoría de gobiernos autonómicos pedía un nuevo estado de alarma, el Ejecutivo accedió a aprobarlo.
Con el confinamiento domiciliario, la historia se repite. Asturias y Melilla ya lo han pedido. Andalucía no lo descarta. En los próximos días, no sería extraño que se sumaran más comunidades. Esa manera de actuar tiene una ventaja: el Gobierno se evita la oposición (las medidas han contado con el apoyo de la mayoría de comunidades) y se asegura los apoyos. Pero también un gran riesgo: el peligro de llegar tarde.
A la gestión de Asturias no se le pueden poner pegas. Durante muchos meses, fue la región en mejor situación, con una incidencia muy baja en comparación con otras comunidades y sin peligro de colapso hospitalario. Pero incluso allí las cosas han empeorado rápidamente. Su presidente, Adrián Barbón, anunció este lunes un nuevo paquete de medidas que incluía un cierre de la actividad no esencial durante 15 días y la solicitud al Gobierno de decretar el confinamiento domiciliario.
Los presidentes autonómicos, que actúan como autoridades delegadas durante el estado de alarma, no pueden imponer esa restricción. Sería necesaria una modificación del decreto del estado de alarma, cuya prórroga entrará en vigor a partir del 9 de noviembre. El decreto actual no contempla esa medida. «La herramienta no permite el confinamiento domiciliario», dijo la semana pasada el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
«Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que está a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas para poder actuar es suficiente», dijo este lunes por la mañana.
Es el mismo mensaje que ya había lanzado el pasado viernes, cuando insistió en una idea: las restricciones aprobadas al amparo del estado de alarma son suficientes para «estabilizar, doblegar y mantener baja» la curva. Puede que la confianza de Illa no esté justificada, pero sí es cierto que es difícil saber si lo adoptado la semana pasada está funcionando.
La contundencia de Illa llama la atención, porque el Gobierno ha reconocido en público y en privado que el confinamiento domiciliario, sea cual sea su variante, ya se está estudiando. Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Austria o Portugal son países que ya han dado ese paso ante la evolución de la segunda ola. Y no todos están en peor situación que España.
«No se ha descartado ninguna medida en ningún momento», dijo la semana pasada Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). «A todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario y el cierre de las escuelas, lo cual creo que sería lo último que se debería proponer. A todo el mundo le planea la sombra del cierre de toda la actividad no esencial».
Casi toda España está en el nivel más alto de alerta del plan acordado hace dos semanas por el Gobierno y las comunidades. Este lunes, el Ministerio de Sanidad notificó más de 55.000 casos durante el fin de semana. La cifra es muy preocupante, porque anticipa lo que está por venir. Ahora mismo, hay más de 10.000 ingresos y más de 1.000 muertes por covid-19 a la semana. La presión hospitalaria sigue creciendo, con casi el 30% de las camas UCI ocupado por pacientes de covid-19. Ahí se está jugando la principal batalla.
«La segunda ola está siendo durísima en Asturias, más que la primera ola, con un nivel de crecimiento de ingresos en UCI que nos preocupa. El objetivo ahora es evitar el colapso sanitario y, por tanto, salvar vidas», dijo este lunes en su perfil de Twitter el presidente asturiano, Adrián Barbón.
¿Cómo sería un nuevo confinamiento? ¿Afectaría a todo el país? ¿También a Canarias, que se ha quedado fuera del toque de queda? ¿Habría diferencias según el tamaño del municipio? ¿Se prohibiría de nuevo salir a pasear y hacer deporte? ¿Y qué pasa con los niños? Todos esos aspectos deben concretarse. Parece poco probable volver a un confinamiento tan estricto como el de marzo y abril, pero también lo parecía volver a ver los hospitales saturados.
El ejemplo que estudia el Gobierno es el francés, sin llegar a cerrar los colegios, sin parar la industria y apostando por el teletrabajo, algo que las comunidades acordaron fomentar al máximo hace dos semanas, pero que parece haber caído en el olvido.
«No podemos ir aplicando medidas siempre de forma reactiva a lo que hagan o digan otros países», dijo Simón la semana pasada. «Lo cierto es que en muchos momentos, durante esta pandemia, las presiones son muy grandes y en algunos momentos ha podido haber dudas para implementar medidas. Esas dudas, en algunos casos, acaban disipándose por lo que hacen otros». Ahora estamos en uno de esos momentos.