Este miércoles la justicia de australiana declaró procedente la solicitud de extradición a Chile de la ex agente chilena de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en la dictadura de Pinochet, y mano derecha de Manuel Contreras, Adriana Rivas, requerida por su participación de la «Brigada Lautaro», en el secuestro agravado de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista en 1976, así como los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada al momento de su detención-todos miembros del mencionado partido de la izquierda chilena.
Quien fuera la secuaz de Contreras, uno de los principales criminales de la dictadura chilena y que murió cumpliendo los más de 400 años de presidio a los que fue condenado, ha vivido en Australia desde hace más de tres décadas, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas. Y aunque fue detenida en el 2006 cuando viajó a Chile para visitar a la familia, logró escapar nuevamente al país oceánico mientras estaba en libertad condicional.
En el 2013 la ex secretaria del mandamás de la DINA conversó con la cadena australiana SBS, donde si bien se declaró inocente de lo que se le acusa, no tuvo pudor en defender el uso de la tortura durante la dictadura.
“La tortura existió desde que yo tengo uso de razón en Chile. Siempre existió. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera”, afirmó Rivas en aquella ocasión, quien fue detenida por la justicia de Australia en febrero del 2019 y que ha sido descrita por testimonios de víctimas como una persona despiadada en los interrogatorios que se realizaban en el cuartel Simón Bolívar.
Sobre el proceso para determinar la extradición de Adriana Rivas–que fue solicitada por Chile en 2014-, este podría tardar años si las partes deciden apelar cada uno de los fallos en los distintos escalones judiciales, como creen que sucederá desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en sus redes sociales, hasta llegar al Tribunal Superior australiano.
Por su parte, el magistrado Philip Stewart del tribunal del estado de Nueva Gales del Sur, indicó que «está satisfecho de la elegibilidad para la entrega» de la ex agente chilena de la dictadura de Pinochet.