Casi el 80% de los chilenos votaron en un plebiscito el 25 de octubre para desarrollar una nueva constitución que reemplace la ley básica aprobada en 1980 bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet.
El 50,9% de los votantes participó en la histórica votación, más que en las últimas elecciones presidenciales del 2017.
Hay grandes esperanzas puestas en la nueva ley básica.
«Hasta ahora, la constitución nos dividió. Ahora debemos trabajar juntos para garantizar que la nueva constitución cree las condiciones para la unidad y la estabilidad», dijo en un discurso a la ciudadanía, el jefe de Estado Sebastián Piñera después de la votación.
También se sometió a votación el método de formar una Convección Constitucional, que redactaría una constitución diseñada para unir a los chilenos. La mayoría de los ciudadanos del país decidió que los 155 miembros del organismo serían elegidos por votación. Al mismo tiempo, un requisito obligatorio es que la Convección Constitucional incluya proporciones casi iguales de hombres y mujeres.
Las elecciones se realizarán en abril del próximo año. El plebiscito sobre la aprobación de una nueva constitución está programado para el primer semestre del 2022. La ley principal incluirá solo aquellos artículos que sean apoyados por dos tercios de los miembros de la Convección Constitucional. Si los redactores del documento no logran llegar a un acuerdo sobre algún tema, se regirá por las leyes ordinarias.
En nombre de la igualdad social
La aprobación de una nueva constitución fue una de las demandas de los participantes en las manifestaciones masivas que arrasaron Chile el año pasado. Las protestas comenzaron en Santiago el 14 de octubre luego de que las tarifas del metro subieran en promedio 30 pesos ($ 0.04), y luego se extendieran a otras ciudades del país. Los enfrentamientos y disturbios que acompañaron a las protestas se llevó la vida de al menos 20 personas. Debido a actos de vandalismo y saqueo, las autoridades impusieron toques de queda y cancelaron la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en noviembre y la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en diciembre del 2019.
A las protestas del año pasado asistieron no solo los segmentos pobres y marginados de la población: la protesta más grande en la capital chilena, según las autoridades, reunió a más de 1 millón de personas, mientras que en total hay alrededor de 8 millones de personas viviendo en la ciudad. desigualdad. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para el 2017, el 20% más rico de los chilenos gana 10,3 veces más que el 20% más pobre, con un promedio de 5,4 entre los países miembros de la organización.
Se necesita una nueva constitución para combatir la desigualdad, dicen los partidarios del cambio de la ley básica. En su opinión, el documento actual no permite las reformas que pide la sociedad, incluidas la educación y las pensiones. Hoy, a pesar de la reforma llevada a cabo en el 2015, categorías limitadas de ciudadanos pueden acceder a la educación superior gratuita en Chile, mientras que el costo de la educación en relación con el salario promedio sigue siendo alto e inasequible para muchos. El sistema de pensiones, administrado por fondos privados, también es muy criticado por sus bajos beneficios. Una parte importante de los sectores de la salud, la educación y los servicios públicos está en manos privadas.
El régimen de Pinochet siguió un modelo neoliberal de desarrollo económico y su constitución protegió estos principios y a la élite gobernante. Los partidarios de la nueva ley básica quieren sentar en ella las bases de un estado de bienestar.
El legado del régimen y la dictadura militar
Desde el restablecimiento de la democracia en Chile, la ley básica ha sido enmendada varias veces, aunque el procedimiento consagrado en la propia Constitución dificulta enormemente su aprobación. Los cambios más notables se produjeron en 1989, cuando se abolieron los artículos que restringían el pluralismo político y permitían la persecución política, y en el 2005, cuando, en particular, las fuerzas armadas perdieron la capacidad de nombrar a algunos de los senadores. Pero para muchos ciudadanos de la república, el principal problema de la constitución actual no es ni siquiera su texto, sino por quién fue redactada y aprobada.
Los años de la dictadura del general Augusto Pinochet son páginas oscuras en la historia del país para la mayoría de los chilenos, y hoy una parte importante de la sociedad, especialmente los jóvenes, rechaza todo lo que recuerde esa época. Las imágenes de los militares que patrullaban las calles de Santiago durante la ola de protestas y disturbios del año pasado se asociaron instantáneamente con el régimen militar y generaron más indignación en las redes sociales que los vándalos.
El hecho de que la sociedad chilena no haya visto el triunfo de la justicia le impide curar las heridas que dejó la dictadura: Pinochet murió en el 2006 antes de que finalizaran sus juicios debido a los asesinatos y torturas de opositores. El rechazo de la constitución que aprobó es visto por muchos como la restauración de la justicia tan esperada.
Sin embargo, no todos ven la raíz del mal en la constitución actual. De las 346 comunas en las que se divide el país, los opositores a cambiar la ley básica ganaron en cinco en un referéndum. En un caso, estamos hablando de la zona chilena en la Antártida, donde los militares y científicos de la base ubicada allí votaron, en el otro, sobre una pequeña comuna en la frontera con Bolivia. Las otras tres comunas son distritos de Santiago, que se encuentran entre las cinco comunas metropolitanas con mayores ingresos. Es en estas zonas donde viven los chilenos, que se encuentran en el otro extremo de la desigualdad social.
Quienes se oponen a cambiar la ley fundamental creen que Chile ha logrado un crecimiento económico bajo la constitución actual y no ven la necesidad de abandonarla por completo. Además, algunos analistas temen que la incertidumbre sobre el rumbo futuro del país, que surgió tras el referéndum, ya pueda derivar en una disminución de la inversión extranjera, tan necesaria para el país en el contexto de la crisis, que ha exacerbado la pandemia.
Nueva etapa
También se cuestiona la eficacia de cambiar la situación actual mediante la redacción de una nueva constitución. Al final, escribir algo en la ley básica y ponerlo en práctica son dos cosas diferentes. Incluso el gobierno de centro-izquierda de la ex presidenta Michelle Bachelet, que lanzó la reforma educativa, reconoció que el estado no podía permitirse el lujo de que la matrícula universitaria gratuita estuviera disponible para todos.
¿Encontrará el Estado dinero para otras reformas sociales, incluso si la nueva constitución obliga a llevarlas a cabo? ¿Costará la nueva ley básica el crecimiento económico de Chile? Esas son las preguntas que hacen los opositores a una constitución limpia y clara.
Y aunque no hay respuestas a estas preguntas, así como a otras sobre la futura constitución, todavía hay euforia en la sociedad chilena. Miles de habitantes del país salieron a las calles después del plebiscito para celebrar el inicio de una nueva etapa en la vida del país. Cuál será esta etapa, el tiempo lo dirá, pero la mayoría de los chilenos ahora, después de un año de protestas, disturbios y restricciones de cuarentena, miran al futuro con esperanza.
Elena Kondratyeva