Las autoridades argentinas apoyaron el proceso electoral en los términos de la Constitución venezolana.
El Gobierno argentino informó que no se adhirió al informe sobre derechos humanos realizado por una comisión auspiciada por el Grupo de Lima, cuyo contenido fue desacreditado ampliamente por el Gobierno de Caracas.
Argentina advirtió que no puede «admitirse una vía de acción» sobre Venezuela que pueda «generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe».
«Manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión», señaló este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Para la Cancillería, «en primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce (en alusión a Juan Guaidó) y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela».
«Este llamado (del Grupo de Lima) a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe», añadió.
«Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución», se agrega en el pronunciamiento.
Los países del Grupo de Lima pidieron que los hallazgos sobre violaciones a los derechos humanos del informe que el mismo auspició sobre Venezuela sirvan de prueba para la Corte Penal Internacional en sus indagaciones sobre el Gobierno bolivariano, que ha rechazado en los términos más enérgicos dichas imputaciones.
En el 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se aprobaron dos resoluciones, la primera busca el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en torno a los DD.HH. en la nación suramericana.
La otra, promovida por el Grupo de Lima, busca mantener por dos años más la misión que investiga las supuestas violaciones de los DD.HH. en Venezuela.