Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional más ajustes al pueblo y deudas para Ecuador


El nuevo acuerdo Ecuador-Fondo Monetario Internacional (FMI) genera hoy amplio rechazo desde diversos sectores de la sociedad, a cuyo juicio el pacto implica mayor endeudamiento nacional y contracción económica para el pueblo.

Múltiples son las críticas al texto, disponible al público, según el cual el país sudamericano recibirá este año cuatro mil millones de dólares del FMI, pero a cambio deberá realizar ciertas reformas en materia financiera y tributaria.

Entre los pedidos de la instancia consta la aprobación de una Ley Anticorrupción, reducción de gasto en la masa salarial y aplicar cambios encaminados a otorgar autonomía al Banco Central.

Uno de los compromisos más rechazados está relacionado con el incremento progresivo de tres puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para 2022, lo cual comprende subir ese pago del 12 actual al 15 por ciento.

‘La destrucción de la institucionalidad y de la más mínima seriedad política son impresionantes. Moreno compromete el incremento del IVA… áen el próximo Gobierno!’, sentenció al respecto el economista y expresidente de la república Rafael Correa.

En ese sentido, el exmandatario señaló que la mejor respuesta a esas acciones será votar en las venideras elecciones generales de 2021 por la Unión por la Esperanza (UNES), coalición progresista integrada por numerosos movimientos políticos y colectivos sociales, cuyo programa incluye recuperar proyectos sociales y sacar al país de la crisis económica actual.

En esa misma línea, desde la provincia Carchi, representantes de UNES tildaron el alza al IVA de absurdo y advirtieron que no se puede permitir esa demanda, ni otras pretensiones de poner al pueblo de rodillas.

Por su parte, el exministro de Finanzas Fausto Herrera también se pronunció contra la Carta de Intención con el FMI, que a su juicio, constituye el mismo recetario con iguales resultados.

Herrera criticó cómo un Gobierno saliente (termina la gestión el 24 de mayo de 2021), con ocho por ciento de aceptación y dos puntos porcentuales de credibilidad, firma un acuerdo que compromete a la próxima administración.

‘Antes de continuar repartiendo los desembolsos de deuda que todavía no llega, se les recuerda que existe una Constitución. Al finalizar #ElPeorGobiernoDeLaHistoria serán 40 mil millones sin obras que lo justifiquen, pero en el 2017 gritaban que estábamos sobre endeudados’, enfatizó.

En el marco del pacto, el ejecutivo deberá enviar a la Asamblea Nacional, para septiembre de 2021, proyectos de reforma tributaria destinados a reducir el gasto público e incrementar la recaudación de impuestos.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sobre quien pesan varios pedidos de juicio político, ratificó que para acceder al fondo, la administración central debe cumplir metas económicas y ejecutar cambios.

Las llamadas reformas, también están vinculadas con la reducción de las exenciones del IVA a las universidades, la eliminación de la devolución de ese impuesto a los adultos mayores y proponen la creación de un nuevo arancel a las emisiones de dióxido de carbono.

En total está previsto que el FMI desembolse un crédito de seis mil 500 millones de dólares hasta 2022, lo cual comprende la entrega en los dos próximos años, de mil 500 y mil millones, respectivamente.

Las autoridades insisten en que los recursos del ente multilateral aportarán a la reactivación de la economía nacional, más debilitada aún por la incidencia de la pandemia de la Covid-19, sin embargo el rechazo a aceptar las presiones de FMI es creciente.

Para algunos, el acuerdo se traduce en recorte de salarios, disminución de empleos, menos beneficios a los ancianos y más limitaciones para la enseñanza universitaria, entre otros males.

La Cámara de Industrias y Producción alertó que analizará el impacto de las reformas en el consumo, en fase actual de recuperación tras los efectos económicos negativos de la pandemia de la Covid-19.

A corto plazo, el gobierno deberá presentar una Ley anticorrupción, en diciembre de este año y una reforma legal para dotar de autonomía al Banco Central del Ecuador, en enero de 2021.

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