Unánime. Así fue la anulación por parte de la Justicia de Brasil de una denuncia por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La acusación hecha por la Fiscalía, implicaba al ex mandatario de haber intervenido, a cambio de prebendas económicas, a favor de la empresa constructora Odebrecht por unas obras en África.
¿Traficantes de la justicia?
Por delitos de tráfico de influencias en unos proyectos de Odebrecht en Angola a través del Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social de Brasil, corrupción pasiva y organización criminal, a cambio de jugosos emolumentos. Fue así más precisamente de lo que acusó a Lula –y al final fracasó– el Ministerio Público de Brasil.
Con este fallo ya suman cinco las denuncias introducidas contra el ex mandatario de Brasil y rechazadas por falta de pruebas por los tribunales. Situándonos en este último fallo en concreto, los abogados de Lula dispararon contra la Fiscalía General por presentar una acusación precaria que carecía de sustento probatorio alguno.
«El ex presidente Lula ha sufrido lo que llamamos en literatura de política internacional ‘Lawfare’, es la utilización del aparato jurídico legal como arma de guerra jurídica, como arma de guerra interna», sentencia al respecto el Dr. en Ciencia Política Bruno Lima Rocha.
El también profesor de la Unisinos de Río Grande do Sul, explica que otra situación muy importante que ha acontecido en Brasil, son las denuncias del portal Intercept en su versión en portugués con algunas traducciones en inglés, donde se filtraron las conversaciones del grupo privado de fiscales en la aplicación Telegram.
«Esto dio base para que un gran público nacional brasileño supiera que los fiscales y el juez Sergio Moro, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, estaban operando, manejando los tiempos de la política nacional, en función de las elecciones de 2018. Y también para dar a conocer una especie de cruzada conservadora y ultraliberal teniendo como blanco principal al ex presidente Lula, como blanco secundario a su partido, el PT, pero como objetivo estratégico, la capacidad industrial de Brasil», advierte el analista.
«En este sentido, en sus primeros años consiguieron dar la base jurídica para el golpe de Estado en el 2016», subraya Lima Rocha.
¿Qué sigue?
«La tendencia es que tengamos en Brasil una politización del aparato jurídico cada vez mayor, y una especie de uso político del aparato político. Y en ese sentido, el ex presidente Lula casi siempre va a zafar de las grandes acusaciones porque no tienen prueba material. Yo no digo que Lula sea inocente, pero yo afirmo que él fue preso político porque fue condenado sin pruebas materiales», afirma el Dr. en Ciencia Política.
«El problema en Brasil es que la ultraderecha representada más que nada por Jair Bolsonaro, su base pentecostal, y sus aliados, los militares más gorilas, tienen un conjunto fijo [base de votantes], que no va a bajar, que oscila del 22% al 27%, y esto [implica, por ejemplo] que si Bolsonaro es descubierto cometiendo un crimen por la televisión, van a decir que las imágenes fueron manipuladas. Ya no hay nada qué hacer. Hay un lavado cerebral enorme en Brasil en ese sentido», avisa Bruno Lima Rocha.