El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó la idea de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, de acusarlo por nominar a un candidato para el cargo de Juez de la Corte Suprema. Trump habló con sus partidarios el lunes por la noche en un mitin en Toledo, Ohio.
Según él, «la gente está muy cansada» de Pelosi. «Ahora ellos [los demócratas] quieren volver a acusarme si nomino a alguien para el cargo de juez supremo, aunque debo hacerlo de acuerdo con la constitución», dijo el presidente. «Comunico. Quiero que lo hagan».
Agregó que es el único que «será acusado por nominar para un puesto vacante». «Consideraremos cinco candidatos increíbles para jueces», concluyó el jefe de Estado.
Pelosi dijo el 20 de septiembre en ABC que los demócratas en el Congreso de Estados Unidos aún pueden evitar la aprobación de la candidatura que nominará el republicano Trump antes de las elecciones del 3 de noviembre. Según el presidente, ya se ha elaborado una lista corta de postulantes, se da prioridad a las mujeres. Reuters informó que la lista incluye a la conservadora Amy Connie Barrett y la cubano-estadounidense Barbara Lagoa.
El puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos quedó vacante el 18 de septiembre debido a la muerte de Ruth Bader Ginsburg, de 87 años, por cáncer. Fue la segunda mujer en la historia de los Estados Unidos en convertirse en juez de la Corte Suprema y ocupó ese cargo durante más de 27 años.
Los jueces federales en los Estados Unidos son nombrados de por vida a propuesta del jefe de estado. En consecuencia, los nombramientos judiciales hechos por cada presidente son la parte más «a largo plazo» y quizás la parte más importante de su herencia política nacional. Hay nueve magistrados en la Corte Suprema de Estados Unidos, de los ocho restantes hasta ahora, cinco han sido nombrados por presidentes republicanos, dos de ellos por Trump. La selección de un candidato y el nombramiento de un juez de la Corte Suprema es una decisión importante para el líder actual. La nominación presidencial debe ser aprobada por el Senado de los Estados Unidos.