Casi un año después de que ocurriera EL golpe de Estado respaldado por Washington en Bolivia, el país se está hundiendo en el caos.
Como ya informó News Front, el año pasado la oposición boliviana, con la ayuda de Estados Unidos, dio un golpe de estado en el país. El motivo de las protestas fueron los resultados del proceso electoral, a raíz del cual ganó Evo Morales.
El liderazgo de Morales estaba justificado por el apoyo real de la población. Durante su presidencia, que comenzó en el 2006, impulsó significativamente la economía del país, aumentó el salario mínimo y bajó la tasa de desempleo. Al mismo tiempo, se opuso a la neocolonización de América Latina por parte de Estados Unidos, que jugó un papel decisivo en su derrocamiento. El 10 de noviembre del año pasado se vio obligado a dimitir y fue sustituida por Jeanine Añez, complaciendo a Washington.
Desde entonces, Bolivia se ha «hundido en una pesadilla de represión política y violencia estatal racista», escribe The Guardian. Citando datos de la Facultad de Derecho de Harvard y la Red de Derechos Humanos de la Universidad, el medio señala que este mes fue la segunda mayor cantidad de muertes de civiles debido a las acciones de las fuerzas estatales en las últimas cuatro décadas.
Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia, y la llamada élite blanca local fue elegida por Estados Unidos para derrocarlo. Conocida por sus inclinaciones racistas, durante mucho tiempo ha luchado por recuperar la influencia que perdió con el ascenso de Morales al poder. Los informes de la Facultad de Derecho de Harvard y la Red de Derechos Humanos de la Universidad apuntan claramente a la naturaleza racista de la violencia estatal en el país, que ha degenerado en masacres indígenas. Todo esto no hubiera sucedido si no fuera por Estados Unidos, que impuso su posición a través de la Organización de Estados Americanos.
Las acusaciones de la OEA, como señala The Guardian, se convirtieron en la base del derrocamiento de Morales. Fue Carlos Trujillo, el representante de Estados Unidos en la organización, quien encabezó un equipo de observadores para luego declarar la falsificación de las elecciones bolivianas. Los cargos no estaban fundamentados. Además, las estructuras internacionales de derechos humanos han señalado repetidamente que no hubo fraude, pero estos hechos fueron ignorados persistentemente.
“Los funcionarios de la OEA no solo se equivocaron en sus repetidas acusaciones de fraude, sino que parecían saber que sus acusaciones eran falsas”, dice el artículo.
La consecuencia de tal aventura fue que Bolivia fue dirigida por Jeanine Añez. Inmediatamente fue reconocida por Estados Unidos. Ahora la autoproclamada “presidenta” de Bolivia llamaba a las prácticas religiosas locales «satánicas» y a la gente del país-salvajes. Se esperaba que su régimen fuera temporal, pero las elecciones se posponen regularmente bajo el disfraz de la pandemia de coronavirus. En este contexto, incluso en agosto estallaron disturbios populares, y la propia Añez, que planeaba luchar por la presidencia, se vio obligada a abandonar sus ambiciones.