La Suprema Corte de Justicia de México tiene hoy en sus manos la decisión de aprobar una solicitud del mandatario Andrés Manuel López Obrador de realizar una consulta popular para juzgar a los últimos cinco presidentes por corrupción.
El Ejecutivo propone que la consulta sea el 6 de junio de 2021, el mismo día de las elecciones intermedias o, en su caso, en la fecha establecida por el artículo 35 de la Constitución, que es el primer domingo de agosto de ese año.
A los ciudadanos se les preguntará si están de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones.
López Obrador reconoció que hay lagunas legales para llevar a juicio a los exmandatarios, pero consideró necesario avanzar en el discernimiento de ese punto.
Ellos son los cinco expresidentes que cubren el período neoliberal de México, considerado el de más corrupción, impunidad y violencia social de la historia.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), expuso algunas complicaciones de realizar una consulta popular como la del juicio a los expresidentes el próximo año, ya que implicaría un gasto y movilización similar a las elecciones intermedias.
Indicó que, según el artículo 35 de la Constitución Política, la consulta se tendría que realizar el primer domingo de agosto, es decir, menos de dos meses después de haberse efectuado las elecciones intermedias.
Según la legislación actual, dijo, una consulta popular tiene la misma organización que una votación por cargos públicos, lo cual ‘implicaría para todos los efectos prácticos la organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización, el número de casillas, el número de ciudadanos requeridos, de funcionarios.
En las elecciones del 2021 participarán 94 mil 980 ciudadanos, se instalarán 164 mil casillas, habrá siete mil supervisores electorales y se requerirán un millón 480 mil funcionarios para organizar el evento, entre otras cosas.