El diputado no fraccional de la Rada (parlamento ucraniano), Andriy Derkach publicó nuevas pruebas de esquemas de corrupción para retirar fondos de Ucrania a las cuentas de la familia del ex vicepresidente estadounidense, ahora candidato presidencial estadounidense del Partido Demócrata, Joseph Biden.
«La primera parte de nuestra conferencia de prensa estará dedicada a la evidencia del retiro a través de pozos financieros de miles de millones de dólares robados al pueblo de Ucrania, blanqueándolos en bancos, luego de lo cual fueron transferidos a las cuentas de la empresa familiar Biden», dijo.
Derkach publicó videos del testimonio de dos testigos, cuyos nombres y rostros fueron ocultos, mientras pasan por el programa de protección de testigos. Uno de ellos, un ciudadano de Letonia, contó cómo ayudó al fundador de la empresa ucraniana de gas Burisma, Nikolai Zlochevsky, donde trabajaba el hijo de Biden, Hunter, a lavar dinero a través de compañías offshore. «Trabajé con Zlochevsky en 2009-2010. Cada mes transferimos alrededor de 10 millones al exterior bajo contratos ficticios», dijo. El testigo también dijo que de noviembre del 2014 a octubre del 2015 se realizaron pagos por el mismo monto-$ 83 mil mensuales-desde cuentas de Burisma a la cuenta de la empresa estadounidense Rosemont Seneca Boa, que pertenecía a Hunter Biden. En apoyo de estos hechos, también se presentaron extractos bancarios.
En la segunda parte de la conferencia de prensa, Derkach anunció su intención de proporcionar nuevas «cintas con conversaciones entre Poroshenko y Biden». Según el diputado, también hablarán de corrupción en el sector de defensa.
Anteriormente, Derkach ya ha publicado varias grabaciones de audio que, como afirma, grabaron las conversaciones de Biden con Poroshenko, confirmando la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Ucrania. A principios de julio, el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak, dijo a The Washington Post que las autoridades del país tienen la intención de iniciar la introducción de responsabilidad penal por la publicación de conversaciones de funcionarios grabadas en secreto.