Un juez de garantías examinará hoy si el exsenador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe, debe continuar privado de su libertad.
A principios del pasado mes, la Corte Suprema ordenó la detención preventiva del exmandatario (2002-2010), investigado por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
Es innegable el rol de Uribe en el entramado de falsos testigos, y su propósito de tratar de descalificar las declaraciones que lo señalan responsable junto a su hermano Santiago en la conformación de grupos paramilitares, aseguró el senador de Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, quien es víctima en este caso.
Uribe en este escenario renunció a su cargo en el Congreso, y la Corte Suprema de Colombia envió el proceso del mentor del presidente, Iván Duque, y líder fundador del Centro Democrático, partido de Gobierno, a la Fiscalía General, tal como pedía su defensa.
La Corte Suprema es la encargada de juzgar a los congresistas, y en este contexto Uribe renunció a su cargo de senador, sin embargo al menos esto dos delitos que se le imputan fueron cometidos en ese puesto, lo cual genera una polémica en el país.
Ayer, la Corte en un comunicado expresó que la Sala Especial de Instrucción, ante la renuncia de Uribe a su condición de congresista, perdió competencia y remitió a la Fiscalía General de la Nación el proceso que se le adelanta por varios hechos. El primero, por la presunta conformación, promoción o financiación, a mediados de los años noventa de una estructura armada organizada al margen de la ley, en el nordeste de Antioquia, que al parecer utilizó como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época.
Al parecer, cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996, añade el comunicado.
El otro hecho se trata de la presunta intervención de Uribe en su condición de gobernador de Antioquia, en las agresiones denominadas masacre de la Granja, ocurrida en el corregimiento del mismo nombre, el 11 de junio de 1996, y la masacre de El Aro, en el corregimiento homónimo, entre los días 22 y 31 de octubre de 1997.
En ese mismo contexto sucedieron otros crímenes, como el secuestro de 17 personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de residentes de Ituango.
Por último, el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, concejal del municipio de Ituango para la época de los hechos y defensor de Derechos Humanos, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en la ciudad de Medellín.
Según la Corte, esta determinación se adoptó por unanimidad en razón a que la Sala Especial de Instrucción no encontró reunidos los requisitos para continuar conociendo de este asunto, de ahí que, por competencia, lo remita al Fiscal General de la Nación.