Analistas aseguran que Duque ha fallado a sus compromisos, y su Gobierno navega por una carencia de rumbo político.
Desde la asunción de Iván Duque como residente de Colombia en 2018, el país volvió a sus sombrías épocas de violencia y desigualdad, los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, las masacres suscitadas en veredas y los desplazamientos vuelven a ser pan de cada día para los ciudadanos.
Analistas aseguran que Duque ha fallado a sus compromisos y su permanencia al frente de la nación suramericana hasta 2022 navega por una carencia de rumbo político, por lo que se dice que preside, pero no gobierna.
La popularidad del mandatario ha ido en picada, y en medio de la pandemia de la Covid-19, ha recibido innumerables críticas sobre la ausencia de políticas económicas y sanitarias que permitan atender a los sectores vulnerables y clase media colombiana.
El gobierno sí tiene norte y es la explotación mineroenergética y el carbón, y cuando viene la pandemia ya habían caído los precios de estas materias primas. @ricardobonillag en Lanzamiento del Informe #ElDesgobiernoDelAprendiz #DesgobiernoDuqueEs Recesión. pic.twitter.com/b0dkRhYugt
— ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) September 9, 2020
Sin embargo, el sector de la salud no solo ha sido afectado por el denominado «desgobierno de Duque», también el sector de educación, con una respectiva agudización de la desigualdad social; mientras la incertidumbre marca el camino de la paz ante un elevado autoritarismo que pondera el conflicto y la guerra.
Salud
Desde el comienzo de la pandemia, el Ejecutivo ha expedido 164 decretos, que legalizaron la toma de medidas excepcionales en el país para evitar la propagación del coronavirus, sobre todo, en los tres primeros meses. Sin embargo, apenas 11 se relacionan directamente con el sistema de salud.
En los cinco meses que lleva la pandemia en el país, se destinaron 60 billones de dólares en garantías de crédito para el sistema financiero, y solo 0.96 billones al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional. Por otro lado, el Gobierno solo ha ejecutado el 12 por ciento del monto total para atender la crisis, lo que representa 3.6 billones del total de 29.6 billones de dólares.
Las medidas tomadas en el sector de salud han salido, principalmente, de las entidades promotoras de salud, pertenecientes al sector privado, por lo que no se ha asumido una responsabilidad pública que garantice un programa efectivo para el rastro masivo, la detección temprana de casos, y la prevención de diagnósticos.
Educación
El sector de la educación en Colombia mantiene una prolongada deuda con las zonas rurales del país, donde se ha reclamado por mejoras en las infraestructuras y mayores posibilidades de cobertura en regiones como Putumayo, Amazonas y Guainía.
Dicha situación no ha sido revertida durante el Gobierno de Duque, lo que empeora por la falta de implementación de iniciativas que tengan en cuenta las particularidades y necesidades del sector en las circunstancias de la pandemia, sobre todo, en el contexto rural.
A lo anterior, se suma la baja o nula accesibilidad a Internet y la carencia de aparatos tecnológicos. Además, resulta preocupante un posible retorno a clases ante la falta de protocolos sanitarios definidos en los centros, en muchos de los cuales se viven situaciones de hacinamiento, falta de agua potable e implementos de higiene y desinfección.
Desigualdad
Un informe realizado por alrededor de 500 organizaciones sociales en Colombia bajo el título de “El desgobierno del aprendiz — Autoritarismo, guerra y pandemia” sobre los más de dos años de mandato del presidente Iván Duque, refiere que la renta básica constituye un importante demanda social, que al parecer el Gobierno ha obviado.
Según el documento, el Ministerio de Hacienda cuenta con 26,3 billones de dólares congelados, con los que podría financiarse tres meses de renta básica a unos 9 millones de hogares. Además no se ha tramitado ninguna de las cuatro iniciativas legislativas para resolver la problemática que deja vulnerable a millones de familia.
El texto asegura que 5,5 millones de personas están desempleadas, mientras se prevé que la crisis económica postpandemia contraerá el Producto Interno Bruto en un 5,5 por ciento con un déficit fiscal del 8,2 por ciento del PIB y un nivel de deuda del 65,6 por ciento.
Esos datos auguran la peor recesión en toda la historia de Colombia, con un consiguiente aumento de la pobreza, sobre todo, porque las prioridades del Gobierno de Duque ubica en primer lugar a entidades financieras; luego las empresas; en tercero lugar lasmicro, pequeñas y medianas empresas, y en una posición menos favorable a los trabajadores.
Seguridad
Se ha evidenciado un aumento de la violencia, crímenes e impunidad en el país, mientras se ha fortalecido un ejercicio autoritario y arbitrario del poder. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) certifica 53 masacres sólo en 2020.
En tal sentido se han reprimido protestas sociales, se han expandido los grupos armados posdesmovilización en zonas del país donde ya no se reporta presencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), del Programa Somos Defensores, durante este año se registraron 844 agresiones individuales, de las cuales 124 corresponden a homicidios.
El 2019 se caracterizó también como uno de los años más violentos para las mujeres defensoras de derechos humanos al reportarse 104 hechos, lo que representa un aumento del 50 por ciento en los asesinatos, respecto a las cifras de 2018.
Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año han sido asesinados 25 excombatientes acogidos al Acuerdo de Paz entre el Estado y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han sido asesinados y desde 2016 a la fecha, 220 han sido asesinados.
Durante el Gobierno de Duque también se han mantenido las prácticas ilegales de control a la población por parte de las fuerzas militares, consistentes en operaciones ilegales de inteligencia y el uso de información obtenida irregularmente