El régimen de facto boliviano, a través de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), están tratando de desviar la atención pública antes de las elecciones presidenciales. Esta opinión fue expresada el viernes por el ex jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, quien fue acusado por el actual régimen de supuestos crímenes de lesa humanidad por cierre de carreteras.
«Saben muy bien que de estas denuncias no saldrá nada, porque son engañosas, son una cortina de humo en la carrera preelectoral. Así, están tratando de desviar la atención del pueblo boliviano de la catástrofe en el ámbito económico, sanitario y humanitario», escribió en Twitter.
Anteriormente, el régimen de facto de Bolivia anunció que la CPI había supuestamente aceptado la denuncia contra Morales. Según la cabecilla del actual régimen, Añez, el ex jefe de Estado, estuvo presuntamente involucrado en las protestas y cierres de carreteras que provocaron interrupciones en el suministro de suministros médicos. El régimen boliviano dice que al menos 40 pacientes han muerto por no recibir asistencia oportuna.
Las protestas y huelgas, que fueron acompañadas de cierres de carreteras, comenzaron en Bolivia luego de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, anunciara el 23 de julio que la instancia, sin el consentimiento del parlamento, decidió posponer las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre debido a la pandemia. Morales, quien renunció a la presidencia en noviembre del año pasado debido a una ola de protestas, y sus partidarios calificaron la decisión de ilegal, ya que el parlamento había aprobado previamente una ley para realizar la elección, originalmente programada para el 3 de mayo, antes del 6 de septiembre. El régimen de facto ha presionado a la Fiscalía que abra un caso contra Morales por cargos de supuesto «terrorismo, genocidio y delitos contra la salud pública» debido a las acciones de los manifestantes.