La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene la intención de intensificar las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, dijo el lunes a la agencia británica de noticias Reuters que Washington busca eliminar potencialmente las exenciones que permiten a algunas compañías petroleras intercambiar gasolina por crudo producido por el país suramericano.
“Creemos que nuestras sanciones han sido extremadamente eficaces en reducir los ingresos del régimen, pero creemos que podemos hacerlas más eficientes. Entonces vamos a hacer algunas cosas para endurecerlas en un futuro próximo”, declaró el funcionario estadounidense.
En agosto pasado, Reuters, citando dos fuentes estadounidenses, informó que Washington estaba considerando octubre como fecha límite para terminar con exenciones de las sanciones contra Venezuela que permiten a algunas empresas y refinadores seguir recibiendo petróleo del país.
Al respecto, Abrams se negó entonces a confirmar el alcance exacto de la medida, no obstante, señaló que “hay algunas excepciones que se implementaron el último año que hemos estado viendo y que creemos que pueden retirarse”.
Las sanciones sin precedentes contra el Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, se producen en el marco del apoyo de Washington al líder de la Asamblea Nacional (AN) —de mayoría opositora y declarada en desacato en 2016— el golpista Juan Guaidó, quien se autoproclamó “presidente encargado” del país.
Las medidas punitivas de Estados Unidos han causado un grave daño a la economía de Venezuela, un país que obtenía del petróleo el 96 % de las divisas con las que paga por la importación de muchos de los bienes que consume, como alimentos y medicamentos.
De hecho, además de afectar el sector petrolero, entre otros, los embargos estadounidenses ponen en peligro la vida de miles de venezolanos, particularmente en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
Ante tal coyuntura, Caracas prometió en junio emprender acciones legales ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a Estados Unidos por las sanciones impuestas a la nación caribeña.