La carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) complicará aún más la situación económica y social del país, sostiene hoy el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador (IIE-UCE).
La consideración de la instancia responde al anuncio realizado por el presidente de la república, Lenín Moreno, de un acuerdo técnico con el FMI para acceder a seis mil 500 millones destinados a la protección social y reactivación.
A juicio del ente, el texto tiene un lenguaje edulcorado, pero las medidas, planteadas de manera ambigua, traen consigo nuevas exigencias que implicarían más recortes y, por tanto, menos inversión en sectores clave como la salud y educación.
Igualmente, los requisitos comprenderían incremento de despidos en el sector público, una reforma tributaria que pretendería aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o gravar a nuevos bienes, como alimentos.
Autonomía del Banco Central frente al Estado, pero, a la vez, una alta dependencia con ciertos grupos financieros de poder que también intentan mantener los dólares fuera del país con la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica, intentos rechazados con el archivo de la Ley de Crecimiento Económico, también forman parte de la carta.
En ese sentido, la UCE acotó que previo a la pandemia de la Covid-19 y con el primer acuerdo con el FMI, el escenario ecuatoriano no era nada alentador, pues imperaban el aumento de la pobreza y la desigualdad.
Asimismo, señaló que de los 14 indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), encaminados a orientar la política pública en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 10 muestran un alarmante deterioro.
Para el IIE-UCE, sin dejar de reconocer la compleja situación actual, los ingresos del Estado en este paí andino han sido limitados por sus propias decisiones de política económica, apalancadas por miembros de la Asamblea Nacional.
A ese complejo panorama, se sumó entonces la llegada y propagación de la nueva cepa de coronavirus, como un shock externo.
‘Sin embargo, la recuperación del precio del petróleo, el aumento de las exportaciones y la progresiva recuperación de las recaudaciones por impuestos, se muestran como factores clave para paliar la crisis y reactivar la demanda efectiva’, estimó la institución.
En ese sentido, agregó que el alivio estaría en promover una política procíclica a través de la cual los recursos queden en manos de sus ciudadanos, a fin de alentar el consumo efectivo y no en manos de quienes mantienen los flujos de dinero al exterior.
A juicio de los analistas, las medidas deben estar enfocadas en cumplir con las deudas internas, recuperar la cadena de pagos con la población (no con los tenedores de bonos), aumentar la inversión pública sobre todo en salud y educación e incrementar los niveles de transparencia en la información.
‘Un nuevo acuerdo con el FMI solo ahogará más la compleja situación de Ecuador’, enfatizó el IIE y consideró indispensable pensar en las mayorías para combatir la desigualdad en procura del bienestar de todos los ecuatorianos.
El estudio salió a la luz en momentos en que, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al cierre de 2020, Ecuador estará entre las naciones de la región con mayor aumento de la inequidad.
La postura del IIE-UCE está alineada con opiniones vertidas desde la Internacional Progresista, que afirmó: ‘Es hora de que el FMI reconozca sus responsabilidades en derechos humanos y desactive la bomba de tiempo en que se han convertido las políticas de austeridad en Ecuador’.
El criterio sustentado por economistas de diferentes partes del mundo, indica que existe amplia y documentada evidencia de cómo la llamada austeridad ha fallado en cada uno de los países donde se implementó .
En el caso de Ecuador, desde finales de 2017, cuando el ejecutivo asumió ese tipo de medidas, el resultado ha sido la disminución de políticas e inversión pública, recortes presupuestarios, despidos, entre otros problemas, acrecentados en 2020 con la llegada de la pandemia que afectó la salud y economía nacional.
Aunque el gobierno insiste en que los acuerdos con el FMI son un mecanismo para hacer frente a la contracción financiera, estimados actuales y previsiones dejan ver un efecto contrario al anunciado.