Ni el toque de queda que prohíbe la libre circulación en todo Chile ni el bloqueo total en vigor en Santiago desde el 15 de mayo debido a la pandemia fueron suficientes para evitar las protestas que estallaron la semana pasada tras las llamadas a las redes sociales que exigieron la aprobación de una ley de reforma de pensiones que cuenta con el apoyo de ocho de cada 10 ciudadanos.
Según la policía, siguieron 28 barricadas callejeras y 13 saqueos masivos, en supermercados, estaciones de servicio u otros tipos de negocios, y se registraron ataques contra las estaciones de policía en seis municipios de la capital. Se incendió un autobús en Recoleta, en el área norte de Santiago de Chile, mientras que desconocidos iniciaron un incendio en el área de la Estación Central, en el centro de la ciudad, que destruyó 16 vehículos. De los 61 detenidos, 54 fueron arrestados en la capital y el resto en otras regiones. Fue una de las noches más violentas desde marzo, cuando las protestas sociales se detuvieron abruptamente debido a la crisis de salud del covid-19.
El debate sobre el proyecto de reforma (para el sistema de pensiones, que entre otras cosas permitiría el uso de hasta el 10% de los fondos de pensiones por parte de los individuos para resistir la crisis económica) se convirtió en un evento político decisivo porque también ha provocado, o al menos se hizo más visible, una crisis interna dentro de la coalición gobernante, con varias facciones muy críticas con el desempeño de la administración Piñera. El miércoles pasado, cuando la Cámara de Diputados dictaminó sobre la iniciativa legislativa, 13 parlamentarios de derecha votaron a favor de la medida en contravención directa de las directivas del Ejecutivo.
Pero hay un segundo elemento que hizo que la propuesta de reforma fuera tan controvertida: para parte de la oposición, es un paso crucial comenzar a enterrar el modelo de pensiones actual. El problema de la jubilación, una de las banderas de las revueltas que comenzaron en octubre del 2019, es una de las principales preocupaciones de los chilenos, porque son extremadamente bajos con respecto al nivel de vida que tienen los ciudadanos en su etapa activa, en un país con un mala distribución del ingreso.
Mientras tanto, un informe publicado por el medio liberal “Infobae” señala que, cuando estalló la pandemia, los chilenos se estaban acostumbrando a la realidad de que su país, uno de los más estables de América Latina durante muchos años, estaba al borde del colapso social. De un día para otro, las protestas masivas, los saqueos y la violencia policial dieron paso a un torrente de personas infectadas y muertas por el COVID-19, con más de 330.000 infecciones y casi 9.000 muertes hasta la fecha.
Los expertos advierten que estos dos desarrollos forman un evento en tándem «muy peligroso», que podría provocar una crisis de salud mental de dimensiones aún incalculables.