Las guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela, implementada a través del bloqueo de activos y medidas coercitivas unilaterales, constituye el principal lastre al desarrollo del país sudamericano.
Articulada en complicidad con un sector radical de la oposición, las acciones dirigidas a provocar la asfixia de la economía venezolana centra la estrategia de Washington en el empeño de generar una explosión social que conduzca a un cambio de régimen en la nación bolivariana.
En opinión de la economista Pasqualina Curcio, resulta imposible cuantificar todas y cada una de las afectaciones de la guerra que el imperialismo (estadounidense) ha declarado al pueblo venezolano.
‘Las agresiones que desde 1999 hemos vivido los venezolanos no solo han sido económicas, han sido también psicológicas’, aseveró la experta en el artículo Impacto de la guerra económica en Venezuela, publicado en el diario Últimas Noticias.
Curcio aseveró que de acuerdo con datos actualizados, la política de sanciones y despojo de activos en el extranjero ocasionó a la economía venezolana una pérdida estimada en 194 mil millones de dólares, solo entre 2016 y 2019.
Puntualizó que ese monto equivale a aproximadamente 16 meses de producción nacional, y resultaría suficiente para efectuar el pago de la deuda externa del país (110 mil millones de dólares, según el Banco Central de Venezuela), o para importar alimentos y medicamentos durante 45 años.
Las pérdidas económicas se derivan de los activos y cuentas del Estado venezolano bloqueados o saqueados en el exterior, así como todos los ingresos que el país dejó de percibir debido a las restricciones a las exportaciones, en especial por el ataque directo al sector de los hidrocarburos.
PRETRÓLEOS DE VENEZUELA, BLANCO DE AGRESIONES
La economista Pasqualina Curcio recordó las palabras del exembajador de Washington en Caracas William Brownfield, quien admitió el impacto directo de las sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la alimentación, seguridad y salud pública del país sudamericano, lo cual aceleraría el colapso del Gobierno.
En tal sentido, la experta subrayó que no resulta casual el ataque a Pdvsa, por el contrario, constituye una acción premeditada y certera; ‘cualquier afectación a la industria petrolera tiene repercusiones no solo en la propia empresa, sino principalmente en la economía nacional y con ella en el pueblo venezolano’, señaló.
La experta destacó que el sector de los hidrocarburos genera el 95 por ciento de las divisas de la nación sudamericana por concepto de las exportaciones, y su disminución afecta por ende las importaciones de insumos, repuestos, maquinarias para la producción interna.
El bloqueo comercial y financiero contra Pdvsa, la dificultad e imposibilidad de comprar repuestos e insumos, unido a las trabas financieras, influyeron en una caída del 64 por ciento de la producción de petróleo en Venezuela, de 2,8 millones de barriles diarios en 2013 a alrededor de un millón en 2019.
Asimismo, en igual período las exportaciones petroleras cayeron en 78 por ciento, al pasar de 85 mil millones a 19 mil millones de dólares anuales.
Ya en medio de la pandemia de Covid-19, el bloqueo se hizo palpable con un marcado déficit en el suministro de gasolina, situación que se tradujo en interminables colas en las estaciones de servicio, y obligó al Ejecutivo a adoptar medidas de emergencia para mantener en funcionamiento sectores esenciales.
La crisis se solventó gracias al apoyo del gobierno de Irán, con el envío de varios buques cargados con gasolina y aditivos para reactivar la capacidad de refinación del país sudamericano, aunque Washington respondió con nuevas sanciones contra tanqueros y navieras para torpedear ese intercambio.
En una acción sin precedentes, a comienzos de 2020 Venezuela presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos, por los crímenes de lesa humanidad derivados de la implementación de medidas coercitivas unilaterales.
ROBO DE ACTIVOS, OTRA FACETA DE LA ASFIXIA ECONÓMINA
Tras el apoyo brindado por la administración Trump desde el 23 de enero de 2019 a un pretendido gobierno paralelo liderado por el hasta entonces desconocido diputado Juan Guaidó, el bloqueo de cuentas y despojos de activos derivó en elevados perjuicios para el Estado y pueblo venezolanos.
Uno de los episodios más notorios aconteció en torno a la apropiación ilegal de la corporación Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en territorio estadounidense, acción que le costaría al país 11 mil millones de dólares en pérdidas por dividendos congelados, según estimaciones.
El supuesto gobierno interino de Guaidó asumió la directiva de Citgo, en acto de usurpación calificado en Caracas como terrorismo económico, al denunciar los planes de Estados Unidos y la extrema derecha venezolana para apropiarse de los recursos de la nación.
También ganó notoriedad el caso del Novo Banco de Portugal, donde en 2019 fueron secuestrados más de mil 700 millones de dólares destinados a la compra de medicinas, alimentos, vacunas, insumos industriales, semillas y fertilizantes.
Una situación similar aconteció en torno a la reciente decisión de una corte británica de primera instancia, de desconocer el derecho y propiedad de Venezuela sobre 31 toneladas de oro de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra.
Al desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, la institución financiera inglesa se rehusó a entregarle a su contraparte venezolana el equivalente a mil millones de dólares del metal precioso custodiado en las bóvedas londinenses.
Las autoridades del Banco Central de Venezuela explicaron que los fondos serían entregados al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual se encargaría de gestionar la compra de suministros médicos, alimentos y medicinas para combatir la pandemia de Covid-19 en la nación sudamericana.
Bajo la ficticia autoridad del ilegítimo gobierno interino, otros cientos de millones de dólares escamoteados a Venezuela tuvieron como destino durante los últimos meses el financiamiento de operaciones terroristas, planes de magnicidio y falsos programas de ayuda humanitaria, de acuerdo con evidencias aportadas por las autoridades bolivarianas.