La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando imponer una prohibición a los miembros del Partido Comunista Chino y sus familias de ingresar a los Estados Unidos. Esto fue informado el miércoles en su versión electrónica por el periódico estadounidense The New York Times, citando cuatro fuentes.
Según ellos, la administración también está estudiando propuestas para cancelar las visas estadounidenses para los miembros del Partido Comunista de China y sus familiares que se encuentran en los Estados Unidos, así como para restringir la entrada al país de militares del Ejército Popular de Liberación de China y jefes de empresas estatales de la República Popular de China. Como dice el periódico, será extremadamente difícil cumplir con tales propuestas, dado que el Partido Comunista de China tiene 92 millones de miembros. En el 2018, casi 3 millones de ciudadanos chinos ingresaron a los Estados Unidos; las autoridades estadounidenses no saben el paradero de la mayoría de los invitados de la República Popular de China.
Según la publicación, las propuestas están incluidas en el proyecto de decreto del presidente Trump. Este documento se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad y aún no está terminado.
El secretario de Estado Michael Pompeo anunció el miércoles la imposición de sanciones unilaterales contra algunos empleados de empresas tecnológicas chinas que, según los hallazgos de las autoridades estadounidenses, están involucradas en supuestas “violaciones de derechos humanos”. Como se explica en una declaración de Pompeo, en virtud de la Ley de Inmigración y Ciudadanía, la entrada de un extranjero a los Estados Unidos es inaceptable si las autoridades del país tienen razones para creer que su entrada en el país «podría tener graves consecuencias adversas para la política exterior» para Washington.
A principios de julio, el Departamento de Estado, Tesoro, Comercio y Seguridad Nacional de EE.UU. emitió una declaración conjunta advirtiendo sobre los riesgos para las empresas cuyas cadenas de suministro están vinculadas a empresas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang de China debido a presuntas “violaciones de los derechos humanos”.