Las autoridades de los Estados Unidos no excluyen acciones adicionales de su parte destinadas a “ayudar” a los activistas democráticos de Hong Kong después de la adopción de la Ley de Seguridad Nacional en esta región administrativa especial de China. Esto fue anunciado por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, en la transmisión de radio de Washington Watch, y el servicio de prensa del Departamento de Estado difundió la transcripción de su entrevista el lunes.
Se le preguntó al jefe de la agencia de asuntos exteriores de Estados Unidos «si se tomarán medidas adicionales para ayudar a aquellos contra quienes se pueden dirigir las acciones del régimen comunista, aquellos que fueron los líderes del movimiento democrático».
«Juntos vamos a hacer esto. Vieron que el Reino Unido anunció que están listos para aceptar hasta, creo, hasta tres millones de personas que quieran irse de Hong Kong. Sé que otros países también han hecho este compromiso. Los Estados Unidos no se mantendrán al margen para brindar la mejor protección posible a estas personas que participan en actividades, intentando simplemente exigir libertades simples y fundamentales», respondió Pompeo, pero no explicó qué medidas específicas podrían discutirse.
Al mismo tiempo, el Secretario de Estado acusó nuevamente a Beijing de romper las promesas hechas a los residentes de Hong Kong. «Y haremos todo lo posible para atraer la atención del público y asegurar, como dijo el presidente [Estados Unidos, Donald Trump], que los responsables de las decisiones con respecto a Hong Kong rindan cuentas», agregó Pompeo.
El 30 de junio, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China (el parlamento del país) aprobó una ley para garantizar la seguridad nacional en Hong Kong. Su objetivo es combatir las amenazas de terrorismo, separatismo, socavando el poder del estado y la conspiración con las fuerzas extranjeras. El acto legal prevé la cadena perpetua como castigo máximo, el establecimiento en Hong Kong de agencias de seguridad con una amplia gama de poderes, la capacidad de realizar investigaciones y considerar casos individuales en China continental.
Varios países criticaron a Beijing, argumentando que la adopción de dicha ley viola el principio de «un país: dos sistemas». En respuesta, las autoridades chinas llamaron a no interferir en los asuntos internos de China.