La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue un rumbo rumbo hacia China, buscando «revertir» la política de Beijing. Esto fue anunciado el miércoles en una entrevista con Fox News por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo.
«Cuando se trata de las prácticas comerciales injustas de China, exigimos un cambio e introducimos aranceles», dijo. «Cuando China lleva a cabo acciones en el campo militar que amenazan a Estados Unidos, proporcionamos varios cientos de miles de millones de dólares al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para garantizar la seguridad de Estados Unidos». Según Pompeo, el Partido Comunista Chino «busca competir en todo el mundo de una manera que no sea compatible con lo que los estadounidenses y todas las democracias consideran correcto. La política del presidente Trump apunta a revertir tales tendencias», enfatizó.
Cuando se le preguntó qué medidas está tomando la administración Trump para evitar bienes supuestamente fabricados con «trabajo forzoso» en China en los Estados Unidos, Pompeo enfatizó que Estados Unidos «reacciona decisivamente a las acciones chinas en varias áreas a la vez, y una de ellas es una cuestión de trabajo en condiciones de servidumbre. «Pedimos a los representantes comerciales que verifiquen a sus proveedores y se aseguren de que nada de ese tipo nos penetre», dijo y agregó que este enfoque «será apoyado por otros países, incluidos los musulmanes».
Al referirse a la ley de seguridad nacional de China en Hong Kong, el Secretario de Estado de los Estados Unidos dijo que la administración Trump «ha hecho un buen trabajo importante en la protección de las libertades de los residentes de Hong Kong». Según él, Washington «continuará ejerciendo presión sobre Beijing y hará todo lo posible para preservar las libertades de los residentes de Hong Kong».
El 30 de junio, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China (APN, el parlamento del país) aprobó una ley para garantizar la seguridad nacional en Hong Kong. Su objetivo es prevenir delitos como el separatismo, el terrorismo, socavar el poder del Estado y la conspiración con las fuerzas extranjeras, y también prevé la cadena perpetua como la pena de muerte. Según él, las autoridades centrales de China crearán organismos especiales de seguridad del estado en la ciudad, que no estarán sujetos a la jurisdicción de la administración de Hong Kong.