Un estudio desvela el rechazo a la decisión de Áñez de ser candidata a la presidencia y alerta del riesgo de un rebrote de la violencia política en Bolivia.
La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció a finales del pasado enero su candidatura a la presidencia en las elecciones previstas para el 6 de septiembre, las cuales se repiten tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, después de que la oposición desconociera la elección del expresidente Evo Morales.
Conforme a un sondeo elaborado por la filial en Bolivia de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES), publicado el jueves, el 53,6 % de los encuestados cree que Áñez “nunca debió haberse presentado como candidata”.
Entretanto, el 27,9 por ciento de los participantes en la encuesta —realizada vía on-line entre los pasados 1 y 17 de junio— señala que Áñez debe renunciar a su candidatura para concentrarse en las acciones del gobierno contra el coronavirus, causante de la COVID-19.
Morales acusa al gobierno de facto de Áñez de sacar provecho político de la COVID-19 y de usar las ayudas sociales para fines electorales. A la autoproclamada presidenta se la critica por autorizar la asignación de más de 5 millones de dólares para comprar agentes químicos a fin de reprimir las manifestaciones en su contra, en vez de invertir en el sector de la salud en plena pandemia.
Por otro lado, para el 47,8 por ciento del “grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas bolivianos en distintos ámbitos”, participantes en la encuesta, la situación política del país suramericano es “mala”.
Entre los líderes consultados, una amplia mayoría opina que el autoproclamado gobierno de Áñez ejerce persecución política contra sus adversarios y utiliza la crisis sanitaria para penalizar la disidencia y la libertad de expresión.
Tras el golpe de Estado que llevó a Morales a renunciar el 10 de noviembre de 2019, el gobierno de facto de Áñez continúa la persecución política a los exministros del mandatario indígena, sus correligionarios del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y sus excolaboradores con el objetivo de “acallar cualquier voz disidente”, denuncian varias autoridades bolivianas.