En el senado ruso explicaron la importancia de las enmiendas constitucionales para el destino de Crimea

Se necesita una enmienda a la Constitución sobre la protección de la integridad de Rusia para hacer inconstitucional cualquier proyecto de ley relacionado con el “regreso” de Crimea a Ucrania.

Esto fue dicho en una entrevista a RBC por el copresidente del grupo de trabajo sobre el desarrollo de enmiendas a la Constitución y el jefe del comité del Consejo de la Federación sobre legislación constitucional, Andrey Klishas.

«Esto está escrito para que nadie pueda enmendar seriamente la legislación por la cual Crimea sea entregada a Ucrania», dijo. «Esto se hace para que ni una sola autoridad estatal, incluido el presidente o el parlamento, o el gobierno, puedan negociar seriamente, por ejemplo, sobre el regreso de Crimea a Ucrania».

Según el senador, esta enmienda es necesaria «no para perseguir a los blogueros o en las redes sociales y ver si alguien ha escrito que «vamos a entregar a Crimea».

La enmienda está redactada de la siguiente manera: “La Federación de Rusia protege su soberanía e integridad territorial. Las acciones (con la excepción de la delimitación, demarcación, remarcación de la frontera estatal de la Federación de Rusia con los estados vecinos) destinadas a enajenar parte del territorio de la Federación de Rusia, así como las llamadas para tales acciones no están permitidas.

Por primera vez, la iniciativa de incluir esta norma en la ley principal en la reunión del presidente con el grupo de trabajo fue hecha por el actor Vladimir Mashkov. Vladimir Putin apoyó esta idea, pero hizo una reserva de que «todavía tenemos conversaciones con nuestros socios sobre algunos temas».

Al comentar sobre esta enmienda, Klishas señaló que si se aprobara, los diplomáticos no podrían negociar con otros países sobre la transferencia de tierras: “Los diplomáticos no tendrán tales poderes. Habrá una prohibición constitucional sobre esto ”.

La votación sobre las enmiendas a la Ley Fundamental debería tener lugar el 1 de julio.

El Código Penal vigente contiene el art. 280.1, que prohíbe los «llamamientos públicos para la implementación de acciones dirigidas a violar la integridad territorial de la Federación de Rusia». Este artículo establece una pena máxima de prisión de hasta cuatro años con la privación del derecho a ocupar ciertos puestos o participar en ciertas actividades durante el mismo período. Los mismos actos cometidos utilizando los medios de comunicación e Internet implican un castigo de hasta cinco años de prisión con la privación del derecho a ocupar ciertos puestos o participar en ciertas actividades durante un máximo de tres años.

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