El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declara ‘incompetente’ un recurso interpuesto para determinar si el partido de Juan Guaidó es terrorista.
La Sala Constitucional del TSJ de Venezuela ha remitido este miércoles, a la Sala de Casación Penal, el caso introducido por la Fiscalía del país sobre la designación del partido opositor de derechas Voluntad Popular como una organización terrorista.
“La Sala Constitucional se declaró incompetente para conocer y declinó su conocimiento ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del recurso de interpretación (…) interpuesto por el fiscal general”, ha informado el TSJ de Venezuela en un comunicado.
El TSJ ha recordado que dicho recurso busca determinar si la formación con fines políticos Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo, en base a lo establecido en la normativa legal de Venezuela y en la Carta Magna del país.
El pasado 25 de mayo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió al TSJ determinar si Voluntad Popular, el partido del líder opositor Juan Guaidó, es una organización terrorista, al explicar que en la historia de Venezuela no existe organización política alguna que, ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos, migre hacia la “violencia terrorista” y luego se alíe con una potencia extranjera, es decir, EE.UU., para bloquear el país.
El fiscal venezolano aclaró que el partido Voluntad Popular podría ser considerado una organización terrorista por su relación con los golpes de Estado contra el Gobierno del difunto presidente Hugo Chávez en 2002 y el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como por su vinculación con actos como la fallida invasión marítima realizada el pasado 3 de mayo.
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Ante la iniciativa, el TSJ podría ordenar la disolución de Voluntad Popular, mientras que algunos de los líderes de este partido ya han sido inhabilitados para participar en las elecciones por presuntos hechos de corrupción y el propio Guaidó está siendo investigado por delitos que irían desde la corrupción hasta el intento de golpe de Estado.
Guaidó se autoproclamó, en enero de 2019, “presidente encargado” de Venezuela, prometiendo desplazar al actual jefe de Estado del poder; un objetivo que no ha alcanzado pese al respaldo de Washington, que ha emitido una batería de sanciones económicas contra la nación venezolana.