El régimen de facto boliviano amenazó con emprender acciones legales el viernes si el poder judicial no regula el trabajo el 15 de junio “para considerar” docenas de casos contra el ex presidente Evo Morales.
«Si no se implementa una salida o decisión a nivel institucional para que las personas puedan tener acceso a la justicia, tomaremos las medidas necesarias y, asegurarse de que el lunes tomaremos acciones legales para que los tribunales abran sus puertas», dijo el ministro de justicia del régimen de facto, Álvaro Coimbra.
Anteriormente, Coimbra y otros funcionarios del régimen presentaron 60 apelaciones a la oficina del fiscal, exigiendo la reanudación de muchos otros procesos contra el ex gobierno constitucional de Morales.
Sin especificar exactamente qué acciones legales se tomarían, Coimbra expresó su protesta, ya que desde el momento en que se anunció el autoaislamiento a mediados de marzo, las autoridades judiciales consideran solo casos urgentes que se ocupan de situaciones con detenidos.
Agregó que el gobierno había pedido a la Corte Suprema que ordenara la reanudación total de la actividad judicial, independientemente de la emergencia en el campo de la salud.
Después de que la oposición en Bolivia, liderada por Carlos Mesa, anunciara supuestas e infundadas irregularidades electorales masivas el 20 de octubre del 2019, el ex presidente Evo Morales renunció y abandonó el país bajo la presión de los militares. Después de él, todo el alto liderazgo de Bolivia renunció, el poder pasó a la vicepresidenta del Senado, Janine Añez convirtiéndose en la cabecilla del régimen actual en el país. La camarilla golpista anunció nuevas elecciones presidenciales. Morales tiene prohibido participar en ellos como candidato; él está en Argentina, desde donde lidera la campaña presidencial de su Movimiento al Socialismo.