Ya son ocho expedientes judiciales por una olla que comienza a destaparse: el presunto espionaje ilegal en la gestión del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), a través del servicio de inteligencia, trae los pelos de punta a muchos.
Las causas, que en una de ellas ya fueron imputados el exmandatario y el entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, entre otros exfuncionarios, surgen por parte de varias denuncias de la actual interventora de ese ente, Cristina Caamaño, y otras, que han destapado un episodio que, a juicio de especialistas, apenas empieza.
Si ayer, en el Día del Periodista en este país, muchos se sorprendieron al conocer una larga lista de 403 profesionales, incluidos 61 representantes de medios extranjeros, que supuestamente eran espiados y clasificados con colores verde, amarillo y rojo de acuerdo a su ideología, las miradas hoy estarán puestas en otra de las denuncias.
Y es que la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, una de las varias figuras políticas presuntamente espiadas junto a algunos miembros de su familia, se espera que este lunes acuda a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, citada como testigo por el juez federal Federico Villena, quien está a cargo de uno de los expedientes.
Villena investiga el supuesto espionaje en una investigación que se abrió a raíz de las declaraciones de un narcotraficante que alude haber sido contratado por la AFI, para ‘darle un susto’ a un exfuncionario del Ministerio de Defensa.
El magistrado le mostrará a la vicepresidenta las pruebas del espionaje ilegal y verificará si las imágenes y diálogos son auténticos. También está citado para esta semana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los más allegados a Macri, quien aparece también entre los supuestos espiados.
La semana pasada salió a la luz la primera denuncia de Caamaño en los tribunales de Comodoro Py, a partir de información de mensajes interceptados en los últimos años, recuperados de un disco rígido marca Western Digital, hoy en poder de la justicia, cuyo caso lleva el fiscal Jorge Di Lello.
El disco fue hallado en dependencias de la Agencia y había sido borrado. En este caso se investiga que al menos desde el 2 de junio de 2016, bajo la gestión de Arribas, se llevaron a cabo sucesivos actos de espionaje sobre correos electrónicos privados.
En la nómina aparecían diputados como Rodolfo Tahilade y la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad; el líder sindical Héctor Daer, de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), y la diputada Gabriela Cerruti y el presidente nacional de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, entre otros.
Hoy se espera que formalmente Caamaño presente a la justicia el listado que medios de prensa difundieron la víspera, con periodistas nacionales y de renombre de varios medios y también corresponsales de DPA, AP, Reuters, AFP, EFE, ANSA, Xinhua y Al Jazzera.
De acuerdo con este revelamiento, los agentes de la AFI habrían estado detrás de la tarea de revisar los más de 400 pedidos de acreditación de prensa a la Cumbre del G20 en 2018 y a la Organización Mundial de Comercio, un año antes.
Pero eso no queda ahí. También aparecieron en la Dirección de Eventos Especiales y visadas por la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia en enero pasado, varias fichas de personas con vinculaciones académicas, entre otros.
Según trascendió en medios de prensa, bajo la gestión macrista supuestamente se espió no solo a políticos y organizaciones sociales y periodistas, también a miembros de la coalición oficialista en ese entonces y hasta miembros de la familia del expresidente, quien antes de llegar al poder había sido sobreseído en una causa de espionaje ilegal cuando era Jefe de Gobierno porteño.
El diario Página 12 también reveló otra arista de este caso, una denuncia en la que se cree se grababa hasta las conversaciones con abogados y familias de empresarios y exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández detenidos.
‘No sólo estaba intervenido el teléfono público, sino que había micrófonos en las celdas y en la sala donde los exfuncionarios y empresarios detenidos se reunían con sus abogados y hasta donde se producían los encuentros con las familias y visitas’, señala ese medio.
La evidencia surgió de los allanamientos en dos dependencias del Servicio Penitenciario Federal, pero sobre todo en un celular de un agente de la AFI y expenitenciario, Leandro Araque. Para muchos, estos son apenas los primeros capítulos de lo que pudiera llegar a ser una megacausa y ya hay varios que se presentarán como querellantes, entre ellos Martín Sabbatella, del partido Nuevo Encuentro.