La crisis institucional en las relaciones entre las ramas del gobierno en Brasil amenaza con convertirse en una guerra civil. Esta opinión fue expresada en una carta abierta publicada el domingo por un grupo de militares brasileños retirados, ex colegas de Bolsonaro.
Según los autores del documento, entre los cuales varios generales retirados y docenas de ex militares de rango inferior, que estudiaron, como el presidente Jair Bolsonaro, en la academia militar de Agulias Negras, la culpa del agravamiento de la crisis política nacional recae supuestamente en representantes de la instancia judicial más alta: El Tribunal Supremo Federal Este cuerpo, junto con la policía, está investigando las acusaciones de Bolsonaro de abuso de autoridad e interferencia con el trabajo de las autoridades investigadoras. «Ellos [los jueces] amenazan la seguridad y la estabilidad del país, exacerban la crisis institucional, cuyas consecuencias son impredecibles y, como saben, pueden conducir a una guerra civil en el peor de los casos», el portal de UOL citó el texto del documento.
A fines de abril, un escándalo político estalló en Brasil, provocado por la partida del gobierno de Sergio Moro, que entonces era Ministro de Justicia. Explicó su decisión al no estar de acuerdo con las acciones del jefe de estado, quien varias horas antes había despedido al jefe de la Policía Federal de Brasil, Mauricio Leyte Valeicho. Según Moru, el líder brasileño trató de interferir con la investigación de casos criminales, cuyos acusados son los hijos del presidente. En respuesta, Bolsonaro acusó al ex subordinado de traición y dijo que el ex ministro está tratando de ganar puntos antes de las elecciones presidenciales del 2022.
En este contexto, el juez del Tribunal Supremo Federa, Celsu de Melu, sancionó una investigación contra Bolsonaro, porque, de hecho, el presidente fue acusado públicamente de utilizar su cargo oficial para fines personales, interferir con las actividades de las autoridades investigadoras y obstruir la justicia. El viernes pasado, di Melu permitió publicar un video y una transcripción de una reunión del gobierno el 22 de abril, que, según Moro, puede probar la verdad de sus palabras. Las imágenes de la reunión muestran cómo el jefe de estado se queja de la calidad de los informes operativos recibidos del ente militar, las agencias de inteligencia y la Policía Federal, y también advierte que los responsables de seguridad (hasta el ministro) pueden perder sus puestos.
El juez también presentó al Fiscal General la solicitud del diputado de confiscar el teléfono móvil del jefe de estado para un examen de investigación, en el cual, según los interlocutores, se podrían descubrir otras pruebas a favor de la versión de los crímenes oficiales del presidente. Frente a esto, el ministro de Defensa, Fernando Azevedo-i-Silva, y el asociado cercano de Bolsonaro, el general Auguste Elena, que encabeza el gabinete de seguridad institucional (estatal) en la administración del presidente, se opusieron a esto.