Ex presidente de Petrobras re-sentenciado a prisión

Un tribunal brasileño condenó el lunes al ex presidente de la compañía estatal de petróleo y gas Petrobras, Aldemir Bendine, a seis años y ocho meses de prisión. Esto fue informado por Globo.

En agosto del 2019, la primera condena del ex funcionario de la empresa estatal en este caso fue cancelada debido a violaciones de procedimiento. Luego, Bendine fue sentenciado a 11 años de prisión por delitos de corrupción en una operación a gran escala llamada «Operación Autolavado», para ser puesto en libertad para esperar a que el tribunal reexamine el juicio.

Según la fiscalía, Bendine recibió 3 millones de reales de la empresa constructora brasileña Odebrecht en el 2015 (alrededor de $ 1 millón en ese momento) a cambio de patrocinio y asistencia para tratar con Petrobras. Además de la pena de prisión, el tribunal también le impusó una multa de 850 salarios mínimos al momento de la comisión del delito, sin lo cual Bendine no podría contar con la conmutación de la sentencia en el futuro.

La operación anticorrupción “Operación Autolavado” (desde el puerto de Lava Jato) fue iniciada por la policía en Brasil en el 2014. Su nombre está relacionado con la investigación de corrupción en un lavado de autos en la ciudad de Curitiba (el centro administrativo del estado de Paraná en el sur de Brasil). Durante la investigación, su propietario, Alberto Yousef, quien acordó cooperar con la investigación, habló sobre los esquemas de lavado de dinero en la compañía petrolera estatal Petrobras.

Más tarde, se inició una investigación sobre presunta corrupción contra otras empresas, incluida la conocida empresa de construcción Odebrecht, el mayor productor nacional de carne de res JBS SA, el holding energético Eletrobras y la empresa estatal Eletronuclear. La investigación confirmó que financiaron las campañas electorales de políticos prominentes a cambio de contratos estatales y patrocinio político. Según los medios brasileños, el ingreso personal de los participantes en los esquemas oscilaba entre 1 y 5% del valor de los contratos gubernamentales.

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