El Gobierno de Brasil entrega a la Corte Suprema un vídeo clave que podría incriminar al presidente Jair Bolsonaro por delitos de abuso de poder.
Los abogados del Estado se vieron obligado a remitir el viernes el material al Supremo Tribunal Federal (STF) después de recibir un ultimátum del magistrado Celso de Mello, que decidió que la grabación se debía entregar integralmente hasta la mañana de este sábado.
Celso de Mello es decano de la máxima Corte y supervisa una investigación de la Fiscalía para determinar si el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cometió delitos de abuso de poder, según le acusa el exministro de Justicia Sergio Moro.
El vídeo corresponde a la reunión del pasado 22 de abril entre Bolsonaro y sus ministros y, en ese encuentro, según declaró el exministro de Justicia, el mandatario expresó lo intención de interferir en la Policía Federal (PF), organismo autónomo de la Justicia.
Bolsonaro está inmerso en la crisis política más seria desde que asumió el poder en enero de 2019, después de las graves acusaciones vertidas por Moro: este renunció el 24 de abril y acusó al mandatario de “interferencia política” en la Justicia al destituir a Mauricio Valeixo, director general de la Policía Federal, pedir informes de inteligencia a esta misma policía e incumplir su palabra de garantizarle “carta blanca” para luchar contra la corrupción.
Ante la exigencia de De Mello de que el vídeo debía ser entregado a la máxima Corte, la Presidencia brasileña dijo que solo podía presentar algunas partes, alegando que en dicha reunión ministerial se trataron asuntos “potencialmente sensibles y reservados”. Sin embargo, según los abogados del Estado, el material fue remitido el viernes de forma integral y sin ediciones.
Tras recibir el vídeo, el magistrado ordenó el sigilo temporal del material hasta que el fiscal general de la República, Augusto Aras, se manifieste sobre el caso. Si se hallaran indicios suficientes para una acusación formal contra el mandatario, este podría ser suspendido del cargo durante los 180 días que duraría el juicio.
Bolsonaro, además, mantiene un duro enfrentamiento con el Parlamento y la Corte Suprema debido a su censura abierta a las cuarentenas para contener al nuevo coronavirus, que ya deja más de 10 000 muertos en Brasil.
Asimismo, el Supremo Tribunal Federal ordenó en abril el inicio de una investigación de actos prodictadura liderados Bolsonaro después de que el presidente desafiara las medidas de aislamiento y participara en actos realizados por sus seguidores, en los que los manifestantes pedían una intervención militar y el cierre del Congreso y del STF, entre otras cosas.