Evo Morales desde Argentina donde se encuentra asilado, levanta su voz contra las negligencias del gobierno de facto que ponen en peligro la vida de los bolivianos.
El expresidente de Bolivia Evo Morales ha denunciado este domingo al gobierno de facto de Jeanine Añez por imponer la restricción de pruebas del nuevo coronavirus (COVID-19), poniendo en riesgo la salud de millones de ciudadanos ante una pandemia mundial.
“A contramano de lo que sucede en el mundo, el gobierno de facto de Bolivia decidió restringir las pruebas para detectar el coronavirus cuando esta medida es urgente para frenar la pandemia. La decisión pone en alto riesgo a toda la población”, ha advertido el líder indígena en su cuenta de Twitter.
Esta afirmación surge después de una orden emitida por el ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navarro, a todos los directores regionales sanitarios en el país, en la que indica que cada prueba antes de ser aplicada se debe corroborar que el paciente tenga síntomas activos del virus.
De lo contrario, si el caso es sospechoso, pero no presenta síntomas, se ordena obviar la aplicación de la prueba por cautela y uso racional de reactivos e insumos. De no cumplirse la medida, los médicos serán sancionados de acuerdo a la norma, sentencia Navarro.
https://twitter.com/evoespueblo/status/1251880377741979651
Ante esta decisión, el líder del Movimiento Al Socialismo, afirma que se trata de un acto clasista e inhumano al considerar a una determinada población por sobre otras, en el contexto pandémico actual.
“Dentro del nuevo orden mundial algunas potencias consideran aceptable reducir la población innecesaria: pobres, personas de la tercera edad y gente con discapacidades. Un orden inhumano y cruel que rechazamos”, ha subrayado Morales.
A este respecto, el exmandatario ha indicado en otro tuit que en Bolivia existen dos clases de pandemias, el coronavirus que mata con enfermedad; y el gobierno de facto que, al cerrar los bancos y la venta de combustible mata a su gente de hambre, por lo que lo ha calificado de “gobierno ineficiente”.
En medio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que han contagiado a 520 personas y dejado 32 muertos en Bolivia, abundan las críticas por la mala gerencia de Áñez y de las autoridades sanitarias.
El gobierno de la presidenta autoproclamada cerró las fronteras del país a los bolivianos e impidió su repatriación al país, lo que, según expertos, constituye una violación de la Constitución Política del Estado, que establece la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares.
Por otra parte, en vez de invertir en el sector de la salud en plena pandemia, autorizó la asignación de más de cinco millones de dólares para comprar agentes químicos para reprimir las manifestaciones en su contra.