El gobierno de facto de Bolivia protesta ante Argentina por declaraciones del expresidente boliviano Evo Morales sobre la mala gestión del coronavirus COVID-19 en el país.
“Hoy se ha enviado una nota al Gobierno argentino, a la Cancillería argentina, haciendo una representación muy clara, categórica pero también muy respetuosa, de la sorpresa que tiene el gobierno de Bolivia [ante declaraciones de Morales]”, indicó el lunes la canciller del gobierno de facto de Bolivia, Karen Longaric, en una rueda de prensa.
La canciller hizo estas declaraciones luego de que Morales en los últimos días acusara a la presidenta del gobierno de facto, Jeanine Áñez, de no tomar las medidas pertinentes para frenar la expansión del nuevo coronavirus y criticara su gestión sobre el ingreso de los ciudadanos bolivianos varados en la frontera con Chile.
Morales lamentó el mismo lunes la “insensibilidad” del gobierno boliviano que no permite el regreso de los jornaleros que han perdido su trabajo en Chile por la pandemia.
Longaric arremetió contra Evo Morales, aseverando que el exmandatario “no está en la mejor posición” de dar consejos a nadie, al reclamar que su gobierno no tiene información oficial del estatus legal de Morales en Argentina, es decir si es asilado o refugiado.
Además, alegó que Morales se había manifestado sobre temas de “carácter político” y temas que “comprometen a la seguridad del país”.
Morales, quien renunció del cargo el pasado noviembre tras un golpe de Estado en su contra por la oposición, se asiló primero en México y luego en Argentina. En enero, el gobierno de Áñez pidió a Argentina que frene las actividades del exgobernante de Bolivia, una demanda que fue rechazada y creó fricciones entre La Paz y Buenos Aires.
En medio de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que han contagiado a 354 personas y dejado 28 muertos en Bolivia, abundan las críticas por la mala gerencia de Áñez y de las autoridades sanitarias.
El gobierno de la presidenta autoproclamada cerró las fronteras del país a los bolivianos e impidió su repatriación al país, lo que, según expertos, constituye una violación de la Constitución Política del Estado, que establece la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares.
Por otra parte, en vez de invertir en el sector de la salud en plena pandemia, autorizó la asignación de más de cinco millones de dólares para comprar agentes químicos para reprimir las manifestaciones en su contra.