Las demandas están contenidas en un documento hecho público por la organización que agrupa a los pueblos originarios de Colombia.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) difundió el pasado viernes un comunicado exigiendo al Gobierno que respete sus derechos y denunciando la política de miedo a la que son sometidos.
El pronunciamiento da cuenta de que hasta el día 9 de marzo, y desde que Iván Duque asumió la presidencia, la Onic registra 162 indígenas asesinados, 555 amenazas colectivas, 14.266 personas afectadas por confinamiento y 6.985 por desplazamiento masivo forzado.
De igual forma, el comunicado relaciona extensamente ejemplos de las acciones que vulneran los Derechos Humanos cometidas contra los indígenas colombianos, como son los asesinatos de líderes indígenas y de otros sectores, los desplazamientos forzados por enfrentamientos armados y la muerte de indígenas al pisar territorios minados en el departamento de Antioquia.
Asimismo, la represión de movilizaciones realizadas para exigir derechos y las amenazas de muerte recibidas por una veintena de líderes, entre ellos al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias Arias, se citan en el documento.
La organización responsabiliza directamente al presidente Iván Duque por su política permisiva que alienta estas manifestaciones de violencia contra los pueblos indígenas, lo que identifican como “política de miedo” del Ejecutivo.
Muestra de ello es que el Gobierno, lejos de esclarecer los hechos cometidos contra los pueblos originarios, y juzgar a sus responsables, permite que el Ejército Nacional cree una “lista de oposición”, en la que incluye a la propia Onic y a varios de sus integrantes.
La organización argumenta que con ello, las autoridades buscan demeritar su lucha social y estigmatizarlos como entes que intentan afectar el orden interno del país.
La Onic solicitó a la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, que visite Colombia para que constate en el terreno la situación que están denunciando.
A la vez, se exigió a Iván Duque que de todas las garantías a la relatora para acceder a territorio nacional.
Los indígenas colombianos han sido históricamente excluidos y la reivindicación de sus derechos sigue siendo tarea pendiente en el país suramericano.