El presidente argentino, Alberto Fernández, denuncia el golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales y exige “la pronta democratización” en ese país.
“Según un informe publicado por el Washington Post y realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Evo Morales ganó los comicios electorales del año pasado por más de 10 puntos de diferencia, sin que mediara fraude alguno”, afirmó el domingo Fernández en la red social Twitter.
El informe, recogido el pasado jueves por el diario estadounidense The Washington Post, revela que la Organización de Estados Americanos (OEA) no aporta evidencias significativas que avalen la tesis de que hubo irregularidades en las presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia, en las que Morales resultó vencedor.
El mandatario de Argentina denunció que en Bolivia se violentó el Estado de derecho tras el golpe de Estado contra Morales, orquestado por la oposición y con la “explícita” complicidad de la OEA, que confirmó supuestas irregularidades en los comicios de octubre.
En este sentido, tras dejar claro que el estudio del MIT critica “con singular dureza” la postura de la OEA, exigió una “pronta democratización” en el país andino con la plena participación del pueblo.
También condenó el silencio del entonces Gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri, ante la violación de la legalidad en Bolivia, y lo acusó de desoír las voces que entonces se levantaron para preservar la institucionalidad boliviana.
Morales se vio obligado a renunciar el pasado 10 de noviembre para preservar la paz en el país, y abandonó el país con destino a México y luego a Argentina, donde le otorgaron asilo. Tras su salida, se instaló en el poder el gobierno de facto de Jeanine Áñiz, lo que provocó condenas masivas por la población.
El próximo 3 de mayo se realizarán en Bolivia nuevas elecciones presidenciales, en las que se presenta el exministro de Economía Luis Arce como candidato del partido que lidera el depuesto presidente boliviano, el Movimiento al Socialismo (MAS).
El gobierno de facto continúa persiguiendo a los exministros del mandatario indígena, a sus correligionarios del MAS y a sus excolaboradores. Decenas de ellos han sido acusados, detenidos y procesados por supuestos delitos que van desde la corrupción hasta la sedición y terrorismo: excusas con las que inhabilitaron a varios candidatos del MAS para las próximas elecciones.