La jefa de los Derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresa su preocupación por el procesamiento en Bolivia a exfuncionarios del Gobierno de Evo Morales.
“El procesamiento de exfuncionarios del Gobierno y personas relacionadas con la administración anterior son un motivo de preocupación”, ha declarado este jueves la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante el 43.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDHNU)
Bachelet se refirió así a los distintos altos cargos y personas de confianza de Morales que gobernaron ese país 14 años, quienes actualmente están perseguidos por la Justicia, acusados de delitos de “sedición y terrorismo”.
También recordó que la crisis postelectoral del año pasado dejó al menos 35 muertos y 800 heridos, “la mayoría de ellos durante los operativos policiales y militares”.
Tras el golpe de Estado que llevó a Morales a renunciar el 10 de noviembre de 2019, el gobierno de facto de la autoproclamada ‘presidenta interna’, Jeanine Áñez, continúa la persecución política a los exministros del mandatario indígena, sus correligionarios del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y sus excolaboradores, de los cuales, decenas fueron acusados o detenidos y procesados por supuestos delitos que van desde corrupción hasta sedición y terrorismo.
Entre ellos se encuentran los exministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, quienes permanecen, junto a otras exautoridades, en la residencia mexicana sin poder abandonar Bolivia. El exministro Carlos Romero se encuentra en la cárcel, al igual que el exministro César Cocarico por la denuncia de una designación ilegal.
Además, la colaboradora y abogada de Morales, Patricia Hermosa, también ha sido encarcelada tras ser acusada de haber mantenido conversaciones telefónicas con el expresidente mientras se hallaba bajo asilo en Argentina.
Morales denuncia arresto de su abogada para impedir su candidatura
Conforme a Morales, el gobierno de facto sigue con su política de presión y persecución de los militantes de su partido con el objetivo de “acallar nuestra voz”.