El paro en Ceará llega en una nueva coyuntura, con un presidente que basó su carrera en defender los intereses de los agentes y que da alas a sus seguidores más ultras
El estado de Ceara donde viven casi nueve millones de brasileños, es uno de los más violentos del país con 12 asesinados al día. Pero una huelga ilegal de policías militares ha empeorado la situación porque en los ocho días que llevan amotinados en cuarteles han muerto violentamente 170 personas, 21 al día. Es la consecuencia más grave de una insubordinación de los agentes en demanda de una subida salarial, que además ha coincidido con el Carnaval, uno de los momentos más esperados del año por cualquier brasileño. Esta protesta policial —un fenómeno cíclico en Brasil pese a ser ilegal— llevó al presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, a ordenar el despliegue del Ejército y de la Fuerza Nacional para patrullar las calles.
Los de Ceará no son los único policías militares brasileños descontentos con los salarios que cobran, pero sí los que han optado por las medidas de presión más drásticas. El malestar por la paga está extendido en Brasil y viene de lejos. Nada menos que los cuerpos de 12 estados están presionando para mejorar sus condiciones laborales.
La huelga en Ceará, que empezó cuando los agentes se pusieron capuchas, agarraron sus armas y se negaron a trabajar, se convirtió en noticia nacional cuando un senador izquierdista recibió dos tiros a las puertas de un cuartel después de intentar romper el paro a las bravas a bordo de una excavadora. El parlamentario, temporalmente de permiso de su escaño, está fuera de peligro. Cid Gomes es de una familia de caciques políticos locales.
Pero este motín de los agentes se produce en una coyuntura nueva: con un ex militar en la Presidencia de la República que construyó su carrera parlamentaria sobre la defensa de los intereses corporativos de los agentes de las fuerzas de seguridad y con más policías que nunca entre los parlamentarios. Además ha coincidido con el guiño que Bolsonaro lanzó este domingo en un mensaje privado, revelado por la prensa, en el que que alienta a participar en una protesta impulsada por sus seguidores más ultras, abiertos detractores del Poder Legislativo y Judicial en nombre de un supuesto poder popular que encarnaría Bolsonaro.
Los expresidentes Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso alertaron inmediatamente de la gravedad del apoyo presidencial a participar el 15 de marzo en la manifestación formalmente convocada en apoyo del jefe del Ejecutivo pero publicitada en redes con proclamas a que el pueblo arrebate el poder al Congreso y al Tribunal Supremo porque lo torpedean. Para el izquierdista, “es un gesto autoritario más”, para el socialdemócrata es “una crisis institucional de consecuencias gravísimas”. Hace sólo unos días un ministro, el general retirado Augusto Heleno, dijo en referencia al Congreso: “No podemos aceptar que estos tipos nos chantajeen”
Las policías militares son en Brasil el cuerpo que se despliega en las calles -la policía civil está centrada en las investigaciones— y dependen de los Gobiernos de cada estado. Además de desplegar al Ejército, Bolsonaro despachó para Ceará a varios de sus ministros, donde Sergio Moro, titular de Justicia, hizo un llamamiento a que los ánimos se serenen.
Una comisión integrada por miembros de los tres poderes del Estado intenta abrir un canal de diálogo con los líderes de los policías sublevados, concentrados en un cuartel de Fortaleza, según la prensa local. Hasta ahora, 230 agentes han sido temporalmente suspendidos por unirse al motín. Las amnistías en estos casos son frecuentes. Los tres predecesores de Bolsonaro impulsaron leyes para perdonar a los implicados.
La analista Ilona Szabó escribe en Folha de S.Paulo este miércoles que históricamente las autoridades no han abordado cuestiones estructurales necesarias para profesionalizar las fuerzas de seguridad. Y, tras recordar que el presidente ha apoyado a lo largo de su carrera política motines militares y policiales, recalca que “la elección de Bolsonaro es, en parte, un producto de la indulgencia y la negligencia de décadas con la seguridad pública y las fuerzas policiales y no la causa de las tensiones actuales”.